Asuntos Sociales destina 30 millones anuales a la lucha contra la pobreza vía rentas a las familias

La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes destina anualmente más de 30 millones de euros en acciones destinadas a menguar los efectos de la pobreza en las familias de Baleares. Y lo hace principalmente a través de dos líneas de actuación cómo son las prestaciones económicas a las familias (renta social garantizada y renta mínima de inserción) y el espaldarazo económico a las entidades del Tercer Sector que trabajan para combatir la pobreza.

Tan sólo en prestaciones económicas a las familias se destinan una media anual de 24 millones de euros, de los cuales 20 millones corresponden a la Renta Social Garantizada, puesta en marcha por esta Consellería en 2016, y de la cual se benefician alrededor de 8.500 familias que suponen más de 12.500 beneficiarios. Por otro lado, se destinan 4 millones de euros a la Renta Mínima de Inserción que gestionan los consells insulars y que llega a 1.500 familias.

La otra de las líneas de lucha contra la pobreza es el espaldarazo económico a las entidades del Tercer Sector, que reciben de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes 6 millones de euros anuales vía convocatoria pública subvencionando proyectos destinados a luchar contra la pobreza.

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, defiende que se tienen que hacer políticas públicas desde servicios sociales para intentar reducir el impacto de la pobreza sobre las familias a pesar de que las políticas más efectivas para luchar contra la pobreza son la protección del trabajo, los sueldos dignos y la estabilidad laboral. En este sentido, remarca que la pobreza viene condicionada principalmente por nuestro modelo económico y la precariedad del mercado de trabajo así como por el alto coste de la vivienda.

Este año, derivado de la Covid 19, el presupuesto se ha incrementado en 9 millones. Así, se aprobó una Renta Social Extraordinaria para las personas que se habían quedado sin ingresos durante el Estado de Alarma y una prestación económica excepcional (a través de las entidades sociales para personas en situación administrativa irregular como mujeres que ejercen la prostitución y trabajadores). Estas acciones extraordinarias dieron cobertura a 8.000 familias durante dos meses.