Actualizado el 16/10/2020 11:58 Compartir
Las condiciones de vida de muchas familias con hijos se están viendo gravemente afectadas por el desempleo y los ceses de actividad. “De un día para otro han visto reducidos o han perdido sus ingresos y no pueden ofrecer a sus hijos la alimentación equilibrada que necesitan o cubrir sus necesidades básicas”, explica el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.
Antes de la crisis provocada por la emergencia sanitaria, la pobreza infantil ya alcanzaba a 2.287.481 niños, niñas y adolescentes en nuestro país (el 27,4% de los menores de 18 años)1, una cifra que podría superar los tres millones a finales de año si no se adoptan medidas para evitarlo. La organización recuerda que los hogares con hijos están más expuestos a verse afectados por la pobreza. El 22,4% lo estaban en 2019, frente al 14,8% de los hogares compuestos solo por adultos. Y la peor parte se la llevan las familias monoparentales: el 41,1%2 se encontraba en riesgo de pobreza antes de la COVID-19.
“La pobreza infantil en España es un problema estructural, que se ha mantenido incluso en épocas de crecimiento económico”, sostiene Pedro Puig. “Tenemos una de las tasas más altas de la Unión Europea porque no invertimos lo suficiente en infancia ni contamos con políticas que prevengan la pobreza de niños y niñas; y tampoco contamos con una prestación universal, algo que sí tiene la mayoría de los países europeos”.
Aldeas Infantiles SOS cuenta con programas de prevención y fortalecimiento familiar en los que atiende a casi 4.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad (derivados por los servicios sociales) y a sus familias. La organización ofrece orientación a los padres para que puedan cuidar mejor de sus hijos y facilita a los niños los recursos necesarios para favorecer su desarrollo físico, intelectual y emocional.
Es el momento de acabar con la pobreza infantil
Aldeas Infantiles SOS lleva años reclamando un Pacto de Estado por la Infancia que reduzca la pobreza y la exclusión infantil y evite situaciones de vulnerabilidad en los hogares de rentas más bajas.
La organización propone, además, asegurar que el ingreso mínimo vital se configure como una medida que incluya a colectivos especialmente vulnerables, como los jóvenes que salen del sistema de protección y los hijos de personas en situación irregular o solicitantes de asilo en nuestro país.
Asimismo, Aldeas considera fundamental mantener y elevar la cuantía de la prestación por hijo a cargo, que actualmente no llega a los 30 euros mensuales, garantizando que las familias en riesgo de pobreza que quedan fuera del ingreso mínimo vital pueden seguir beneficiándose de esta prestación.
Solo el 5,3% del gasto social en España se dedica a infancia y familias, lejos del 8,4% de la media europea, y la inversión en protección a la infancia no alcanza el 1,3% del PIB, mientras que la media europea es del 2,4%3. “Los datos revelan que nuestra inversión es insuficiente, lo cual no solo es tremendamente injusto y contrario a los derechos de niños y niñas, sino que, además, favorece la desigualdad e impide el crecimiento económico”, asegura Pedro Puig. “Revertir esta situación es posible y este es el momento de hacerlo”, concluye.
España asumió hace cinco años el compromiso de trabajar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030. Acabar con la pobreza en todas sus formas es el ODS número 1 y avanzar hacia su consecución es ahora más importante que nunca.
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