Aprobado el proyecto de decreto de regulación de la accesibilidad universal en los espacios de uso público en las Baleares

El Consell de Govern ha aprobado este lunes el Proyecto de Decreto de regulación de la accesibilidad universal en los espacios de uso público de las Illes Balears. El Decreto pretende concretar determinados aspectos de la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears, para cumplir con el mandato legislativo de regulación por vía reglamentaria.

El Decreto aborda el concepto de accesibilidad desde una acepción universal y supera, por tanto, el concepto tradicional que relaciona sólo la accesibilidad con las barreras arquitectónicas. Esto representa garantizar los derechos de las personas con discapacidades o limitaciones cognitivas para que los espacios físicos o virtuales y de uso público sean accesibles, utilizables y comprensibles para todas estas personas de forma cómoda, segura y autónoma. Por ello, garantizar el cumplimiento de la cadena de accesibilidad es el referente que inspira toda la regulación reglamentaria.

El articulado se estructura en seis títulos con 65 artículos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

Se visibilizan por primera vez, en el ámbito autonómico, los derechos de las personas con discapacidades o limitaciones cognitivas gracias al establecimiento de definiciones de distintos elementos necesarios para facilitar la accesibilidad cognitiva, como por ejemplo el pictograma, la señalización háptica o el validador de textos en fácil lectura.

Uno de los objetivos del Decreto es incidir también en el urbanismo de los municipios, ya que los ayuntamientos tendrán que destinar un 4% de su presupuesto anual de inversiones a la mejora de la accesibilidad en su municipio. Esto servirá, entre otros, para que los municipios habiliten, en porcentaje, más plazas de aparcamiento accesible, lo que también establece el Decreto.

En el ámbito de la vivienda, se establece que las administraciones públicas deben informar en su web institucional del número de viviendas destinadas a reserva para personas con discapacidad de todas las programaciones anuales autorizadas de viviendas de protección oficial, de promoción pública o privada.

El Decreto regula con detalle las disposiciones básicas en las comunicaciones, en la transmisión de información y en la señalización en espacios de uso público (elementos de información y señalización en espacios públicos; los criterios de ubicación de la señalización y de cualquier elemento de mobiliario urbano en la vía pública, la accesibilidad cognitiva, que debe estar orientada a mejorar la comunicación y la comprensión de la información para toda la ciudadanía, etc.).

Además, por primera vez se regula la accesibilidad de los sitios web y de las aplicaciones de dispositivos móviles en el ámbito de las administraciones públicas, incluido el procedimiento para hacerla posible, que contiene las solicitudes de información accesible y las quejas.

El Decreto prevé la creación de una oficina autonómica de accesibilidad universal en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Decreto, así como de oficinas de ámbito insular y oficinas en el Ayuntamiento de Palma. También se prevé la creación del Consejo para la Accesibilidad, un órgano de participación y consulta integrado por representantes institucionales y representantes de entidades; la Comisión Mixta de Accesibilidad Universal para la coordinación interadministrativa, y la Comisión Interdepartamental de Accesibilidad Universal, formada por las diferentes consellerias del Govern de les Illes Balears con competencias en la materia.

En la redacción del Proyecto de Decreto también ha colaborado la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio, y la Conselleria de Movilidad y Vivienda.