Baleares reclama en el Senado una respuesta específica del Estado ante una presión migratoria sin precedentes

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern de las Illes Balears, Manuel Pavón, ha comparecido hoy ante la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado para informar sobre la situación actual de la inmigración que llega a las Illes Balears y trasladar las principales preocupaciones y reivindicaciones del Govern ante el incremento de la presión migratoria que soporta el archipiélago.

Durante su comparecencia, Pavón ha reclamado una respuesta específica del Estado ante una presión migratoria que ya no puede considerarse coyuntural. Hasta el 15 de septiembre, las islas registraron 5.627 llegadas en 303 embarcaciones, un 2,6 % más que en el mismo periodo de 2025. Por primera vez, este mes de septiembre, las llegadas a Baleares han superado a las de Canarias: 5.627 frente a 5.592, mientras que en el archipiélago canario han caído un 55,1 %.

Además, las llegadas de esta última semana a nuestro archipiélago hacen que la cifra total de llegadas a Baleares de enero a septiembre de 2026 ya supere las 6.100.

En poco más de un año y medio, casi 13.500 personas han llegado a las costas baleares.

Pavón ha advertido que esta realidad está tensionando especialmente el sistema de protección de menores. Los consejos insulares tutelan actualmente a más de 900 menores extranjeros no acompañados, frente a una red ordinaria de unas 80 plazas. En Formentera, con unos 12.000 habitantes, han llegado este año más de 3.000 personas en patera, prácticamente la mitad del total de llegadas a Baleares. Y la isla tutela a casi 250 menores. El director general ha denunciado que el Estado ha destinado 8 millones de euros a la atención de estos menores, mientras que los consejos insulares calculan que tendrán que asumir un gasto de entre 36 y 38 millones de euros.

En este contexto, Pavón ha recordado la contradicción entre lo trasladado al Govern balear el pasado mes de abril y las decisiones adoptadas posteriormente por el Estado. Tras la reunión con la ministra Sira Rego, en la que esta reconoció que no tenía sentido seguir enviando más menores a Baleares debido a la presión del sistema, el Gobierno de España elevó en junio la capacidad ordinaria de las islas de 406 a 434 plazas y han continuado las propuestas de traslado. El Govern ha recurrido ante los tribunales los dos reales decretos que regulan esta capacidad ordinaria (RD 743/2025 y RD 556/2026) y las siete propuestas de traslado procedentes de Melilla y Canarias.

«No estamos en contra de la solidaridad. Reclamamos que la solidaridad tenga en cuenta la capacidad real de cada territorio», ha señalado Pavón, quien ha advertido que las llegadas se producen en auténticas oleadas: solo los días 15 y 16 de septiembre llegaron 316 personas en 16 embarcaciones en 48 horas. Entre los días 21 y 25 de septiembre han llegado a Baleares 541 personas, 338 de ellas a Formentera.

Pavón también ha señalado que las medidas de emergencia no pueden convertirse en la respuesta estructural a una situación que se repite de modo recurrente. En este sentido, ha cuestionado que la instalación puntual de carpas ante las llegadas masivas pueda resolver una realidad que exige planificación, recursos y una estrategia específica para la ruta Argelia-Baleares.

El director general ha reivindicado, además, el apoyo que las instituciones de las islas ofrecen a los servicios del Estado y ha recordado el déficit estructural de entre 800 y 1.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que, según sus representantes profesionales, sufre Baleares.

«La política del Gobierno de Sánchez se basa en exigir responsabilidades y solidaridad a los demás mientras abandona a los territorios que están en primera línea», ha afirmado Pavón, que ha reclamado que quien tiene las competencias asuma también las responsabilidades y los recursos necesarios.

En este sentido, Pavón ha defendido que Baleares se sitúa claramente dentro del marco europeo y las políticas comunes de inmigración y ha reclamado al Gobierno de España que asuma sus responsabilidades y aplique plenamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Ha reivindicado, especialmente, una estrategia específica para la ruta Argelia-Baleares, una mayor cooperación con los países de origen y tránsito, la lucha contra las mafias y una protección efectiva de las fronteras exteriores.

Pavón ha reclamado también lealtad institucional, coordinación y transparencia en la información entre las distintas administraciones. En este sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó en el Congreso la existencia de un informe que alertaba de un «riesgo alto» de llegadas marítimas a la Península y Baleares, una información que el Govern de les Illes Balears ha reclamado formalmente y sobre la que todavía no ha recibido respuesta.

«Si existen informes que afectan directamente a las Illes Balears, el Govern que las administra debe tener acceso a esta información y conocer qué medidas se han adoptado», ha señalado Pavón.

El director general ha defendido que la respuesta a la presión migratoria requiere corresponsabilidad entre todas las administraciones y una coordinación efectiva, especialmente cuando se trata de información que puede afectar a la planificación de los recursos, la protección de los menores, la seguridad y la capacidad de respuesta de las instituciones de las islas.

En paralelo, el Govern de les Illes Balears continuará trasladando esta realidad a las instituciones europeas. La presidenta del Govern, Marga Prohens, volverá a Bruselas el próximo mes de octubre para denunciar ante las instituciones europeas la presión migratoria que soporta el archipiélago y reclamar más apoyo y recursos para hacerle frente. En esta nueva ronda de contactos, Prohens defenderá de nuevo una mayor implicación de la Unión Europea ante una ruta migratoria que afecta especialmente a las Illes Balears.

El director general ha recordado que, según el último informe de Frontex, la ruta del Mediterráneo occidental ha crecido un 46 % entre enero y mayo, mientras que la ruta hacia Canarias se ha reducido un 71 % en un contexto en el que la cooperación con los países de origen y tránsito ha demostrado ser una herramienta esencial para combatir las salidas irregulares y las redes de tráfico de personas.

Pavón ha concluido que las islas no piden privilegios, sino corresponsabilidad, lealtad institucional y recursos proporcionales a la presión que soportan.