MÉS exige al Estado un reparto justo del dinero destinado a las diferentes lenguas oficiales

El Parlamento ha aprobado este jueves tarde una Proposición No de Ley para que el Ministerio de Asuntos Económicos incremente la partida presupuestaria destinada en el PERTE "Nueva Economía de la Lengua" a las lenguas oficiales distintas del castellano, trate todas las lenguas del 'Estado de forma igualitaria y coordine los proyectos con los gobiernos autonómicos. Además, la PNL pide detallar la totalidad de las cantidades recibidas por el Instituto Cervantes.

El hecho es que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital anunció este marzo la aprobación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transición Económica – PERTE – “Nueva Economía de la Lengua”, con el objetivo de “convertir el español y las lenguas cooficiales en elementos tractores de la transformación digital e impulsar toda la cadena de valor de la nueva economía del conocimiento y de la inteligencia artificial”. En concreto, y según la nota publicada por el Ministerio, se impulsarán 14 proyectos que contarán con una inversión pública de 1.100 millones de euros. De esos 1.100 millones sólo 30 millones, un irrisorio 2,7%, servirán para apoyar las lenguas distintas al castellano. Por tanto, se trata de un plan que no responde a un planteamiento equitativo o proporcional, dado que los hablantes de lenguas diferentes al castellano y que también son oficiales suponen un 30% de la población del Estado – de los cuales un 21% son catalanohablantes.

A partir de estas cifras se puede concluir que un reparto justo debería destinar unos 200 millones de euros al catalán. Una cifra que, de hecho, debería complementarse con otras aportaciones como las que recibe el Instituto Cervantes, cuyo presupuesto es bastante inexacto dado que en el presupuesto oficial hay que añadir partidas diversas camufladas a los Presupuestos Generales del Estado. Así, por cada 100 millones de euros que recibe el Cervantes, las instituciones de defensa del catalán deberían recibir 20, teniendo en cuenta la proporcionalidad explicada antes.

Además, esta nueva iniciativa estatal afecta a sectores claves como la inteligencia artificial, la investigación y la divulgación científica, la producción audiovisual y la enseñanza de las lenguas y, en algunos de estos campos, el Estado ha optado directamente por borrar la presencia de las demás lenguas oficiales. De hecho, el catalán sólo podrá aspirar a ayudas en materia de inteligencia artificial o de proyectos vinculados a industrias culturales, un agravio comparativo que, en el caso de las Islas Baleares, limita el impulso de la diversificación y la apuesta por un cambio de modelo basado en la ciencia y la tecnología.

Así, aunque se anuncia que el objetivo es convertir al castellano y al resto de lenguas oficiales en elementos tractores de la transformación digital, el PERTE se fundamenta esencialmente en el castellano. Según el diputado de MÉS por Mallorca, Joan Mas 'Collet', “El agravio comparativo entre el castellano y el resto de lenguas oficiales es sencillamente contrario a la Constitución, que proclama que la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

Por último, cabe apuntar que tampoco prevé la participación de los gobiernos autonómicos, a pesar de ser los competentes en las otras lenguas distintas del castellano. Y todo ello, haciendo un uso del término cooficial para referirse sólo a las lenguas oficiales distintas del castellano, estableciendo una especie de oficialidad de rango inferior para estas lenguas. Según Mas, "El PERTE "Nueva Economía de la Lengua" supone un menosprecio total de la lengua catalana y debe corregirse".

Por todas estas razones, MÉS por Mallorca presentó una Proposición No de Ley que pedía instar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a, en primer lugar, asumir la pluralidad lingüística del Estado e incrementar la partida presupuestaria destinada en el PERTE "Nueva Economía de la Lengua" en las lenguas oficiales distintas del castellano de forma más equitativa y proporcional; en segundo lugar, tratar todas las lenguas del Estado de forma igualitaria e incluirlas en todos los proyectos previstos; y finalmente, coordinar los proyectos con los gobiernos autonómicos de los territorios con una lengua oficial distinta del castellano y garantizar la adecuada representación de estas lenguas en los órganos de gestión que se crean. Por otra parte, se pide al gobierno del Estado detallar la totalidad de las cantidades recibidas por el Instituto Cervantes y redistribuir de manera justa y proporcional el dinero destinado a las lenguas oficiales distintas del castellano.