Govern dará la máxima prioridad y urgencia a la tramitación de los proyectos para activar los fondos europeos

El Consell de Govern ha aprobado hoy un decreto ley con el que crea un marco administrativo excepcional que dará la máxima prioridad y urgencia a la tramitación y la ejecución de todos los proyectos incluidos en el plan que actualmente elabora la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas adscrita a la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura.

El objetivo de este decreto de medidas extraordinarias y urgentes es crear un marco general básico dirigido a movilizar, de manera inmediata, el máximo de inversiones y proyectos estratégicos para la comunidad autónoma, especialmente aquellos que sean susceptibles de ser presentados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno del Estado, dado el calendario temporal marcado por la Unión Europea.

Con este fin, en cuanto a las tramitaciones consideradas estratégicas, el Govern suspende algunos trámites que no resultan imprescindibles para garantizar la idoneidad de los procedimientos, a la vez que acorta los plazos de los trámites que sí son ineludibles, de forma que los principios de prioridad, preferencia y celeridad regirán de manera general cualquier gestión administrativa en esta materia.

Las medidas adoptadas serán aplicables a todas las actuaciones relacionadas con proyectos considerados estratégicos que lleve a cabo la Administración de la Comunidad Autónoma, pero también a diferentes trámites de las que llevarán a cabo los consejos insulares, las entidades locales de las Illes Balears y los entes integrantes de sector público instrumental.

El decreto supone el desarrollo de las disposiciones estatales dictadas para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Real Decreto Legislativo 36/2020 ?medidas en materia de gestión presupuestaria, contratación pública y de procedimiento? y también hace extensivo el marco administrativo de prioridad y urgencia a la distribución de los 855,7 millones de euros en ayudas directas estatales para empresas y autónomos (Real Decreto Ley 5/2021).

Agilización de las ayudas directas estatales a empresas y autónomos

En la tramitación de estas ayudas directas estatales también regirán los principios de prioridad, preferencia y celeridad, y se les aplicará la tramitación de urgencia y el despacho prioritario, del mismo modo que se establece para los gastos que se deben financiar con los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU.

La concesión de estas ayudas directas estatales para empresas y autónomos no tendrá que someterse a la fiscalización previa de la Intervención General de la CAIB, aunque sean objeto de control financiero, y también se beneficiarán de otras medidas de agilización y simplificación de las convocatorias y las bases de las líneas de subvenciones y de su justificación. En este sentido, este decreto ley también facilita y agiliza la justificación de las ayudas porque no será necesaria la justificación de los gastos inferiores a 6.000 euros, para los que se permitirá una declaración responsable de la persona física o la entidad beneficiaria.

Plan estratégico autonómico

La Oficina para la Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas tiene el encargo de elaborar un plan estratégico balear orientado a lograr la transformación de las Illes Balears hacia un nuevo modelo económico y social, de acuerdo con los objetivos generales del Pacto de Reactivación. Además, será la encargada de llevar a cabo el seguimiento estratégico, la evaluación y, en general, la coordinación de los proyectos, no sólo de aquellos que obtengan financiación europea sino de todos los que hayan sido declarados estratégicos en el marco de consenso mencionado.

Por ello el decreto prevé la creación de órganos colegiados específicos para la gobernanza, la coordinación y el seguimiento de los proyectos, así como otros instrumentos de planificación estratégica que se consideren adecuados para su oportuna implementación y ejecución. La inclusión de los proyectos en el plan estratégico autonómico implicará, en todo caso, su tramitación urgente y su despacho prioritario.

Por consiguiente, además de la reducción de plazos que implica la tramitación de urgencia, los entes y los órganos que deban intervenir en el procedimiento de estos proyectos estratégicos tendrán que tramitarlos inmediatamente y con preferencia sobre otros expedientes. Si las administraciones públicas de las Illes Balears y sus entes instrumentales no emiten, en los plazos máximos establecidos, los informes preceptivos, estos se entenderán favorables.

Por otro lado, el Govern puede declarar de interés autonómico los proyectos que formen parte del plan estratégico, de forma que aquellos que sean promovidos por órganos de las administraciones públicas o de sus entidades instrumentales y que requieran licencia urbanística o comunicación previa, podrán ser aprobados por el Consell de Govern a propuesta de la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura.

Medidas excepcionales

Con la aprobación de esta norma, se generaliza la tramitación de urgencia y el despacho prioritario en cuanto a normas y procedimientos administrativos que comportan expedientes de gasto, y se establecen medidas especiales en materia de suscripción de convenios, en consonancia con la regulación estatal. Por ejemplo, con la extensión de la duración máxima de los convenios hasta seis años, prorrogables por seis más, y con la posibilidad de que se pueda avanzar el pago de anticipos por las operaciones preparatorias.

También se flexibilizan procedimientos presupuestarios, con el fin de facilitar la generación de créditos, y se establecen ciertas normas especiales en materia de subvenciones; los proyectos que se hayan de materializar mediante la concesión de una subvención o ayuda a un beneficiario concreto, se deben resolver por las normas de concesión directa, siempre respetando los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, eficacia, celeridad y eficiencia en la asignación y la utilización de los recursos públicos.

En materia de contratación pública, se prevé la aprobación de modelos de pliegos estandarizados, que deben permitir una contratación más ágil y más eficaz gracias a la simplificación y la homogeneización. Así mismo, el plazo máximo para la valoración de los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor será de diez días hábiles, mientras que el plazo para la adjudicación del contrato o acuerdo marco será, como norma general, de un mes desde la apertura de la oferta económica.

En cuanto a la gestión del personal que será necesario para llevar a cabo el impulso y el seguimiento de los proyectos, se determina la preferencia del personal empleado público disponible en la Administración de la Comunidad Autónoma y su sector público instrumental, pero se habilitan sistemas de máxima agilidad para la cobertura de plazas. En esta línea, se han previsto herramientas de agilización del sistema de comisión de servicios y de atribución temporal de funciones.

Excepcionalmente, la cobertura de estas necesidades de personal se podrá llevar a cabo mediante el nombramiento de personal funcionario interino, de personal estatutario temporal, o con contratación de personal laboral temporal ?nombramientos o contratos que no excedan la duración fijada en el programa de destino y, como máximo, cuatro años improrrogables.

Otra medida prevista, durante los años 2021 y 2022, en relación con la selección de personal funcionario interino es que, cuando se hayan agotado las bolsas vigentes y la carencia de personal pueda suponer un perjuicio grave en la prestación de servicios esenciales, se podrá llevar a cabo un procedimiento extraordinario simplificado de selección de funcionarios interinos, habiéndolo comunicado previamente a la Mesa Sectorial de Servicios Generales. Concretamente, cuando sea necesario cubrir un grupo homogéneo de plazas, se podrán hacer llamamientos con carácter colectivo y de manera telemática.

En cuanto a la gestión presupuestaria, el decreto contiene normas específicas en relación con los límites ordinarios de los gastos plurianuales agregados, con el aprovechamiento de créditos no ejecutados y con la generación de crédito vinculado a la recaudación estimada de los fondos FEDER y FSE del programa operativo 2014-2020. También se establece, para los expedientes financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que el plazo máximo de ejecución puede llegar al año 2026, mientras que, en el caso de expedientes financiados con fondos REACT-EU, el plazo de ejecución no puede ir más allá del 2023.

Hay que recordar que las Illes Balears acabaron el 2020 como la comunidad autónoma líder en la ejecución de los fondos europeos FEDER, con un nivel de ejecución de gasto certificado de cerca del 80 % de los recursos programados, casi el doble de la media autonómica de ejecución y también muy por encima de la media del conjunto de la Unión Europea.

«La simplificación administrativa y la creación de herramientas específicas de agilización que supone la aprobación de este decreto forman parte de la estrategia del Govern de les Illes Balears para situar la comunidad autónoma en la mejor posición posible de cara a captar el máximo de fondos europeos y a garantizar su ejecución en tiempo y forma. Trabajamos para poner las cosas fáciles a todos los agentes de recuperación y transformación, tanto en las instituciones como en el tejido empresarial, que será clave para recorrer este camino», ha explicado el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, en rueda de prensa.