El PSIB-PSOE denuncia que la contratación de las ambulancias en régimen de alquiler ha costado el doble de que si se hubieran comprado

La diputada del PSIB-PSOE, Patricia Gómez, ha denunciado hoy, en la Comisión de Salud del Parlament, que la contratación de las ambulancias del PP por 56 millones ha salido el doble de caro de que si se hubieran comprado estos vehículos a precio de mercado. Con mantenimiento incluido, el coste de estas 246 ambulancias no habría superado los 30 millones. Además, el contrato de renting de estos vehículos es de cinco años, cuando su vida útil podría llegar hasta los 10 años, con buen mantenimiento.

Durante la comparecencia en Comisión de la consejera Manuela García, Patricia Gómez ha criticado duramente el modelo del PP, que opta por una gestión que tiende a la privatización -el renting de 246 ambulancias- cuando la gestión directa y pública supone un coste muy inferior a los aproximadamente 800.000 euros que vale alquilar estos equipamientos cada mes. Un alquiler que se está pagando a pesar de que las ambulancias todavía no pueden ser conducidas porque no existen técnicos habilitados para conducirlas.

Todo ello, una chapuza a la que se le suma que el Gobierno ha convertido algunas de estas ambulancias prácticamente en furgonetas, ya que las ha tenido que desmontar y quitar equipamiento de alta tecnología y esencial (como son las rampas para las sillas de ruedas), porque pesaban demasiado, y no podían ser conducidas en estas condiciones. Otra deficiencia ha sido que se han retirado asientos en las ambulancias, lo que resta capacidad de transporte de usuarios. Y también, que se contrató este servicio sin prever que no existen técnicos habilitados para conducirlas, ya que se requiere el carnet de conducir C1, una titulación que no era un requisito para desempeñar la labor diaria de los técnicos que manejan estos vehículos cuando accedieron a su plaza.

La mala gestión también se extiende a que el Gobierno de Prohens renunció a 10 millones de euros de fondos europeos de un expediente ya aprobado, por adquirir 80 ambulancias, contratadas en la legislatura anterior y que estaban a punto de ser recibidas. Diez millones que tuvieron que ser devueltos al resolver el expediente sin haber comprado ningún vehículo.

Sin embargo, Patricia Gómez ha criticado el afán "absolutamente privatizador" del Gobierno de Prohens, que opta por adjudicar un servicio a una empresa privada antes de asumir una gestión directa que habría tenido un coste muy inferior.