Actualizado el 17/06/2026 18:37 Compartir
La Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Islas Baleares ha incorporado la prestación de la asistencia personal. Con la publicación de la norma, que entró en vigor el pasado domingo, el Govern responde a una reivindicación histórica del tercer sector social dando un primer paso y recogiendo la prestación en una ley autonómica.
La prestación técnica de la asistencia personal para personas en situación de dependencia tiene como objetivo promocionar la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas dependientes. Estos apoyos y cuidados se prestarán bajo la dirección de profesionales, en la que se concreten las actividades de la vida diaria que permita a la persona desarrollar su proyecto de vida en todas las esferas y de acuerdo con las necesidades, voluntad, deseos y preferencias.
Según la ley, que se ha completado mediante enmiendas, la prestación estará dirigida a personas menores de 65 años con discapacidad física o sensorial mínima de un 65% y con un grado de dependencia II o III. Asimismo, el Govern ha regulado, de la mano de las entidades, las ratios y perfiles profesionales. Estos deberán ser, por cada 10 personas usuarias, teniendo en cuenta una atención de 35 horas semanales durante 247 días anuales con una proporción de 0,25 titulados superiores y de 11,70 de personal profesional de acompañamiento.
El Govern se compromete asimismo a continuar desarrollando esta figura como prestación técnica del sistema público de servicios sociales y de acuerdo con los principios de autonomía personal, vida independiente y atención centrada en la persona. Del mismo modo, continuará trabajando de la mano del tercer sector social en el diseño de los pliegos técnicos.
La Conselleria insta al gobierno central a cumplir con el 50 % de la financiación
La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia recuerda que prestaciones como la de asistencia personal, así como otras que tienen como objetivo la atención adecuada de las personas en situación de dependencia, requieren del cumplimiento de la financiación al que está obligado el gobierno central según la ley y que es del 50 % del coste de la dependencia. La Conselleria reitera a este respecto que la media de aportación del Estado a las comunidades autonómas es del 27,4 % pero que, en el caso de las Baleares, no llega al 18,7 %, convirtiendo a nuestra comunidad autónoma en la peor financiada de régimen común de toda España y obligando, por tanto, a las Islas a aportar el 81,3 % del coste total de la dependencia.
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