Campomar: 'Es muy necesario modificar la Ley de puertos de 2005 y aumentar el papel de los Consells y los ayuntamientos en los procesos de decisión'

MÉS por Mallorca ha apoyado este martes de mañana la tramitación de la Proposición de Ley de modificación de la Ley de 2005 de puertos de las Islas Baleares para actualizarla, añadirle la perspectiva de la sostenibilidad, resolver situaciones inseguridad jurídica, introducir el concepto de capacidad de carga del litoral y aumentar la participación de los consejos en los procesos de decisión de los puertos autonómicos.

En las Islas Baleares, y dado que son un territorio limitado, la ordenación del territorio es una cuestión objeto de especial atención por parte de los poderes públicos. Así, en 2005 nació la Ley de puertos de las Islas Baleares con el objetivo de ordenar los puertos e instalaciones portuarias y marítimas de competencia autonómica. Hay que entender que, si hablamos de puertos, es necesario distinguir entre los puertos de interés general, de competencia estatal – Maó, Palma, Alcúdia, Ibiza y la Savina –, y los puertos de competencia autonómica.

El hecho es que la Ley de 2005 no prevé de forma explícita la participación de las administraciones competentes en ordenación del territorio – consejos insulares – o en urbanismo – ayuntamientos en la tramitación, aprobación o modificación ni del Plan general de puertos ni de los planes de uso y gestión, provocando un desequilibrio entre la competencia de ordenación del territorio atribuida a los consejos insulares y la competencia de urbanismo de los ayuntamientos, por un lado, y las competencias de Ports de les Illes Balears, por otro; un desequilibrio siempre favorable a la administración portuaria, generándose varios conflictos. Además, existen otros aspectos de esta ley que han quedado atrasados.

En este sentido, y según la diputada de MÉS por Mallorca, Joana Aina Campomar, “Es muy necesario modificar la Ley de puertos de 2005 para actualizarla, añadirle la perspectiva de la sostenibilidad, resolver situaciones de inseguridad jurídica, introducir el concepto de capacidad de carga del litoral y aumentar la participación de los consejos y ayuntamientos en los procesos de decisión de los puertos autonómicos”. Así, y entre otros cambios, se introduce:

• -El concepto de capacidad de carga del litoral y la no superación de esa carga como objetivo fundamental; derivado de ello, el Plan General de Puertos deberá incluir un estudio de la capacidad de carga.
• Una modificación para que la utilización del dominio público portuario se ajuste, no sólo a lo que establecen los instrumentos de ordenación portuaria y la legislación reguladora del dominio público marítimo-terrestre, sino también al planeamiento territorial insular.
• La participación de los consejos insulares, como administraciones competentes en materia de ordenación territorial, en la elaboración del Plan general de puertos.
• Una modificación para evitar que puedan autorizarse obras que no estén previstas en los planes de uso y gestión.
• Una modificación para que el informe que debe emitir la administración portuaria en el procedimiento de elaboración de instrumentos de ordenación urbanística que afecten a los puertos e instalaciones portuarias ya no sea vinculante.
• Una modificación para que las obras para la conexión del puerto con la red viaria y con los sistemas generales y locales dejen de tener la consideración de obras públicas de interés general y, por tanto, deban sujetarse a los actos de control preventivo municipal.
• Una modificación para que el informe que debe emitir el consejo insular correspondiente tenga carácter vinculante tanto si se refiere a la promoción de nueve puertos como a la ampliación de puertos existentes. De igual forma, se introduce el carácter vinculante del informe del ayuntamiento correspondiente.