El Govern y los agentes económicos y sociales cierran el primer gran acuerdo de protección para los trabajadores y trabajadoras

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidido esta mañana una reunión de trabajo de la Mesa de Diálogo Social de las Illes Balears para hacer un seguimiento de las medidas adoptadas para afrontar las consecuencias del virus de la COVID-19 y en la que se ha cerrado el primer gran acuerdo de protección para los trabajadores y trabajadoras de las Illes Balears.

Junto a la presidenta Armengol, han estado presentes el vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes; la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez; el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago.

En representación de los agentes sociales, han participado, por videoconferencia, el vicepresidente de la CAEB, Gabriel Llobera; el presidente de PIMEB, Jordi Mora; el secretario general de UGT, Alejandro Texias, y el secretario general de CCOO, José Luis García.

El Govern y los agentes económicos y sociales han cerrado un acuerdo con el único objetivo de mantener el empleo durante la crisis sanitaria generada por el virus de la COVID-19, proteger los puestos de trabajo de unas 200.000 personas y evitar despidos. «Tenemos que dar instrumentos a las empresas para mantenerse vivas y para proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras hasta que no podamos reactivar nuestra economía», ha apuntado Armengol, quien ha explicado las medidas acordadas en rueda de prensa.

Para ello, y teniendo en cuenta que la mayoría de previsiones económicas apuntan a que la demanda turística será inexistente en las próximas semanas, el objetivo es disponer de mecanismos flexibles que permitan activar la actividad económica cuando empiece a reactivarse la demanda. «Debemos trabajar para que enseguida que podamos abrir se pueda hacer con las máximas garantías» , ha destacado la presidenta.

En esta línea, los firmantes han acordado pedir al Gobierno de España que extienda la protección de los puestos de trabajo para evitar los despidos. Por ello, en primer lugar, Govern, agentes sociales y patronales pedirán al Estado que aumente la duración de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor durante seis meses. Esto significará que los trabajadores percibirán al menos 1.000 euros al mes sin consumir tiempo de cotización, incluso en el supuesto de que no tengan cotización previa suficiente. Además, las empresas tendrían bonificada la seguridad social durante estos meses, y se garantizaría su supervivencia. Como los ERTE de fuerza mayor están ligados ahora mismo a la duración del estado de alarma, en paralelo, el Govern, sindicatos y patronales se han comprometido a convertir los ERTE por fuerza mayor en ERTE por causas productivas, para garantizar en todo momento, incluso después del estado de alarma, la protección de trabajadores y empresas y garantizar una prestación de al menos 1.000 euros.

El Govern pedirá al Estado que estos ERTE por causas productivas tengan las mismas ventajas que los de fuerza mayor. Pero si el Estado no lo acepta, el Govern se ha comprometido a garantizar crédito para financiar las cotizaciones de las empresas. Se evitará que haya despidos y que se destruya la ocupación con ERE y se seguirá trabajando en estas islas para proteger la ocupación y las empresas con ERTE.

En la misma línea, los empresarios se comprometen a mantener los ERTE y no aplicar un ERE. Por su parte, trabajadores y sindicatos se comprometen con un atraso de los incrementos salariales para 2020 en los sectores de hostelería, comercio y transporte discrecional. De este modo las subidas de este año se realizarán el 2021; las de 2021, el 2022, y así sucesivamente. «Sabemos que es un gran esfuerzo», ha apuntado Armengol, y ha subrayado que «no se trata de una suspensión», sino de un aplazamiento por un año.

Flexibilidad para las empresas

El acuerdo recoge toda una batería de medidas distribuidas en varios ejes principales. En primer lugar, flexibilidad interna para que las empresas puedan tener margen de adaptación ante la posibilidad de que la temporada turística se inicie en cualquier momento. De esta forma, contarán con mecanismos que posibiliten las entradas y salidas de personal laboral en caso de inicio de actividad.

También se ha pactado desarrollar una agilización administrativa que permita implementar las medidas de manera rápida y eficaz y sin restar ninguna de las garantías que les corresponden a empresas y trabajadores. Además, las partes se han comprometido a instar a las empresas a incluir a todos los trabajadores en los ERTE tramitados. «Es un acuerdo histórico, social y económico para poner soluciones a los problemas de la ciudadanía, los trabajadores y las empresas», ha afirmado la presidenta.

Por último, tanto las organizaciones empresariales como las sindicales y el propio Govern se han comprometido a diseñar programas de formación y recalificación profesional. Esta herramienta permite también la flexibilidad, ya que en el momento en que las empresas puedan levantar los ERTE, podrán trabajar directamente. Además, el Govern trabajará para encontrar mecanismos que garanticen un turismo seguro.

Pacto de reactivación económica

La presidenta Armengol también ha anunciado que se ha acordado impulsar «un gran pacto para la reactivación económica de las Illes Balears» que incluya el resto de sectores económicos. Estará abierto a los agentes sociales y económicos, a todas las instituciones y a todas las fuerzas políticas, para que todo el mundo pueda hacer aportaciones. A partir de este miércoles comienzan las reuniones con todos los sectores.