Castro da el primer paso para enviar a juicio al exportavoz del PP Rafael Durán por malversación y fraude

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha cerrado la instrucción de la pieza 18 de la causa, centrada en el presunto sobrecoste en la adjudicación del videomarcador del Palma Arena, que ascendió a 1,9 millones de euros, y ha dado el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados al exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán junto a otros seis encausados por estos hechos.

Durán fue recientemente interrogado por Castro, siete años después de ser detenido en la operación policial que dio impulso a esta causa. El arresto, producido en agosto de 2009 junto al de otros cuatro exaltos cargos y empresarios, generó una amplia expectación -permaneció tres días en los calabozos, el plazo máximo legal en la que una persona puede estar detenida antes de ser puesta a a disposición judicial- y le llevó semanas después a dimitir del cargo. Desde entonces no había sido citado a declarar.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado imputa a los siete investigados delitos de malversación y fraude a la administración.

Junto a Durán, también continuará el proceso penal contra el exdirector gerente del Consorcio para la contrucción del Palma Arena Jorge Moisés; Sebastià Rotger, técnico de la instalación eléctica del velódromo; el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester; el propietario de la agencia de publicidad Nimbus Miguel Romero, y los empresarios Juan Carlos Rovira y Juan Arroyo.

Ahora, la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma disponen de diez días para decidir si formulan escrito de acusación contra todos ellos como paso previo a su enjuiciamiento, o si por el contrario solicita el sobreseimiento de sus imputaciones.

Durán, quien presidía la Junta del Consorcio de la infraestructura deportiva, defendió el pasado mes de marzo ante Castro la legalidad del procedimiento para la adjudicación del videomarcador y negó que se produjera irregularidad alguna en su tramitación.

Las investigaciones se centran en las condiciones en las que fue adquirido el dispositivo electrónico y si se produjo un trato de favor hacia la empresa beneficiaria del proceso de adjudicación, Smart Vision, dentro del proceso de contratación al que también concurrió la empresa Odeco -vinculada a la concesionaria- así como otras tres mercantiles.

En su resolución, el juez señala cómo al margen de la licitación para la construcción del velódromo, considerada la infraestructura 'estrella' durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), se tramitó independientemente la de los videomarcadores como un concurso ordinario abierto cuya resolución, el 11 de diciembre de 2006, recayó en manos de Smart Vision por un total de 1.992.200 euros.

Según Castro, "en realidad el número de empresas licitadoras era menor que el que se aparentaba" ya que, por una parte, a una de las mercantiles que concurrió, Mitsubishi Electric, "se le hizo la vida imposible para que quedara fuera del concurso" mientras que el empresario Juan Carlos Rovira representaba a la vez a Smart Vision y a Odeco, para lo cual presentó "dos propuestas exactamente iguales" para ambas entidades, una desde Francia y otra desde Badalona.

Dos ofertas que, añade, constaban de la misma fecha "pero ambas agraciadas con el don de la ubicuidad de su firmante, modificando únicamente el importe de lo ofertado en la propuesta de licitación y el nombre del ofertante".

"Tan rigurosamente iguales eran sus ofertas que, puestas a contraluz, coincidían milimétricamente y milagrosamente en los conceptos a pesar de que se decían confeccionadas en lugares distintas y distantes", asevera, descubriéndose que la empresa que resultó favorecida con la adjudicación, Smart Vision, era filial de la también concursante Odeco, con la que compartía órganos de gobierno, "revelándose también que ésta pidió a aquélla que concurriera al concurso".

Según abunda el instructor, además de la concesión se localizaron otras tres facturas -por importe de 158.924, 63.760 y 42.580 euros- por cambios de módulos estructurales, asistencia en montaje y mejoras técnicas que "se llegaron a pagar sin previo expediente administrativo que lo autorizara" y siendo su pago decidido por Sebastià Rotger, técnico "carente de todo tipo de representatividad en el Consorcio y con el beneplácito de Jorge Moisés".

Es más, subraya el juez, fue hallada otra factura emitida por la empresa Promarca contra la empresa de los arquitectos Jaime y Luis García-Ruiz y posteriormente pagada por el Consorcio, por el concepto 'gastos de desplazamiento para la reunión técnica con la empresa Odeco de Barcelona".

REUNIONES PREVIAS A LA RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

"Es decir, mucho antes de que finalizase el plazo de presentación de solicitudes y a los pocos días de que el concurso se publicase en el Diario Oficial de la Unión Europea ya existió una reunión en Barcelona, precedida de otras en Madrid y en Palma, con un directivo de Odeco que, como se deja dicho, es la misma empresa que Smart Vision, ganadora de la reunión", incide Castro.

Al respecto, precisa que este encuentro tuvo lugar con Ricardo Arroyo, director de Odeco y "no determinado por la casualidad el que fuera cuñado de don Miguel Romero, a su vez administrador de Nimbus". El magistrado recuerda cómo esta agencia fue gestora de la campaña del PP en las elecciones y fue a su vez favorecida con la adjudicación de la campaña de publicidad del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista a celebrar en el Palma Arena.

Además, agrega, resultó favorecida con numerosas contrataciones menores fruto del fraccionamiento de encargos "de relevante cuantía entre las diversas empresas de su grupo" al objeto de que ninguna de ellas superara los 12.000 euros y obtener así la adjudicación directa.

DETENCIÓN DE DURÁN

Cabe recordar que tras la detención de Durán, su abogado, José Ramón Orta, recriminó el hecho de que permaneciera 72 horas en los calabozos teniendo en cuenta que "no había peligro" de que destruyera pruebas ni que se fugase de la justicia, debido a su arraigo familiar y laboral en la capital balear. Es más, recordó que el delito de prevaricación no conlleva pena de cárcel y aseveró que su cliente "no se llevó ni un café ni un duro del Palma Arena".

El entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue interpelado en el Congreso sobre cómo se llevó a cabo el traslado de Durán y los otros cuatro detenidos desde las dependencias policiales a los Juzgados. Rubalcaba alegó que la conducción con esposas se debió a un olvido de las recomendaciones de la Jefatura Superior y la Delegación del Gobierno, que aconsejaban el traslado sin grilletes.

Ballester también declaró recientemente por estos hechos, mientras que Moisés se acogió a su derecho de no declarar.

En su interrogatorio, Ballester manifestó que conocía a Ricardo Arroyo, a quien llamó para comentarle que se iba a poner en marcha esta tramitación, si bien manifestó que su objetivo no era el de beneficiar a nadie puesto que el procedimiento era abierto y cualquier empresario que estuviera interesado en el negocio podía presentar su propuesta.

El propio Arroyo negó en su día ante el juez Castro que el expediente estuviese amañado.

Esta es una de las 28 piezas en las que se divide el caso Palma Arena, que investiga el sobrecoste de más de 46 millones de euros en las obras del velódromo, considerado la infraestructura estrella impulsada durante la última legislatura de Matas. Las investigaciones vinculan con este supuesto desvío el elevado tren de vida llevado por Matas durante ese mandato y que no se correspondía con el nivel de ingresos que obtenía como presidente.