El PP asegura que Cort ha publicado 'otro contrato 'a dedo'' y exige su retirada 'inmediata'

La portavoz del grupo municipal popular, Margalida Durán, ha denunciado que el Ayuntamiento de Palma ha publicado "un nuevo contrato 'a dedo'" y ha exigido su retirada "inmediata" al considerar que se trata de "una auténtica chapuza" por "no cumplir con los criterios de imparcialidad, perfección y garantía de profesionalidad".

Concretamente, Durán se refiere a un contrato de auditoría externa publicado en el perfil del contratante, el pasado 28 de marzo, por valor de 18.000 euros, según ha informado la formación en una nota informativa.

"Este nuevo contrato 'a dedo' no exige ningún tipo de garantía ni requisito a la empresa adjudicataria, vuelve a poner en duda la imparcialidad de los funcionarios de la casa y no se ajusta a la legalidad al tratarse de una tarea que le corresponde realizar al Tribunal de Cuentas o la Sindicatura", ha criticado.

Sobre dicha contratación, relativa a la realización de una auditoría sobre la legalidad de cinco contratos a la empresa Roig, Obres, Serveis i Medi Ambient, desde el año 2010 hasta el 2015, Durán ha explicado que están de acuerdo con que se audite cualquier contrato sobre el que exista la más mínima duda de legalidad.

No obstante, la portavoz ha señalado que este trabajo se debe llevar a cabo "por los órganos legales y que ofrecen mayor garantía de imparcialidad, que son el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas y no por 'amiguitos' ni empresas elegidas a dedo".

"Han tenido que llegar los 'padres de la nueva política' para que en este Ayuntamiento se produzcan situaciones inverosímiles como que compartir la ideología de Podemos cuente como mérito para otorgar una plaza, que se den contratos a dedo al jefe de campaña de MÉS o que se publiquen las bases de un contrato saltándose la legalidad vigente", ha manifestado Durán.

Desde el PP han explicado que el expediente de contratación no se ajusta a la legalidad porque en el escrito no se justifica la inexistencia de medios propios para hacerlo, no se exige ninguno de los requisitos necesarios para verificar que la empresa o persona física que resulte elegida cuente con capacidad para realizar ese trabajo y se establece la posibilidad de ampliar el alcance de estas auditorías a otros contratos.

Además, para Durán "resulta más que dudoso que un contrato por valor de 18.000 euros pueda verificar la legalidad y la adecuación del gasto público de contratos por un montante de 35 millones de euros". Igualmente, ha catalogado de "sorprendente" que que el expediente publicado "no venga avalado por la firma de ningún funcionario, como ocurre en todos los contratos menores, sino que únicamente lo firma la regidora Aurora Jhardi".