Ibavi construirá cinco viviendas de protección oficial en un edificio abandonado de Son Gotleu

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), empresa pública perteneciente a la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad, construirá cinco viviendas de protección oficial en un edificio abandonado de Son Gotleu.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha explicado durante la presentación del proyecto, que tendrá un coste de 413.000 euros, que el planteamiento del Ibavi consiste en construir viviendas de base energética A, con material ecológico y aprovechando materiales de las Islas.

Armengol ha calificado de "ambiciosa" la política llevada a cabo desde el Govern en materia de vivienda aunque ha reconocido que existe "una necesidad real" por parte de la sociedad para acceder a las viviendas.

"Hay una política pública de ofrecer más viviendas. Estamos trabajando con cuatro promociones más que suponen 30 viviendas más de Baleares", ha comentado.

El alcalde de Palma, José Hila, ha reconocido que en Palma hay una "necesidad" de pisos y ha asegurado que están "contentos" por la promoción que van a lanzar en Son Gotleu. "Desde el Ayuntamiento apostamos por promocionar vivienda y por ayudar a las familias de palma a encontrar una vivienda", ha defendido.

MÁS DE 1.800 VIVIENDAS

Por su parte, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha explicado que actualmente el Ibavi cuenta con 1.805 pisos en Baleares, de los cuales más de mil se encuentran en Palma.

"No damos abasto a todo. Tenemos que construir, gestionar mejor, detectar los que están cerrados para que podamos utilizar y del Sareb tenemos que conseguir más", ha sostenido el conseller.

Además, Pons ha criticado que en los últimos cuatro años no hubiera ningún recurso en materia de viviendas y que tampoco se crearan proyectos.

Respecto a los pisos que el Ibavi a devuelto a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conseller ha aclarado que "no llegaban a la calidad que se había acordado".

"El planteamiento era que el coste máximo de la reforma fuese de 7.000 por vivienda. Se acordó que nos daban unos pisos con una calidad pero algunos de ellos no llegaban. Hemos pedido que nos los cambien por otros que sí que lo cumplan", ha señalado.