Actualizado el 18/02/2014 16:43 Compartir
La portavoz del PSIB-PSOE en el Ayuntamiento de Palma, Aina Calvo, ha criticado hoy la "doble moral" del alcalde, Mateu Isern, que "ha trabajado en nombre de los bancos desahuciando a la gente y ahora da lecciones de moral".
Calvo ha lamentado que en tres años de gobierno del PP en Palma, el presupuesto municipal destinado a atención social haya bajado un 13%, mientras que, al mismo tiempo, se ha derivado a todos los ciudadanos que tienen algún tipo de problema económico a los servicios sociales"
"El alcalde no puede alegar ignorancia cuando lo que ha hecho es el desmantelamiento de los servicios públicos, la sustitución de derechos de las personas por beneficencia", ha lamentado la portavoz socialista mediante un comunicado.
"El resultado ha sido el colapso de servicios sociales. Una situación que denunciamos desde hace meses, cuando los usuarios avisan que les han dado hora por una cita con servicios sociales para dos meses después", ha señalado la portavoz socialista, al tiempo que ha explicado que su grupo hará hincapié en el próximo Pleno en la necesaria revisión de los protocolos de atención a los usuarios de servicios sociales "para eliminar las listas de espera".
El PSIB ha reclamado reiteradamente un plan municipal de lucha contra la pobreza y la exclusión social, con la colaboración con entidades sociales y otras administraciones, y que se revise el catálogo de servicios en materia de atención a los colectivos más vulnerables afectados por la crisis económica, ha apuntado Calvo al respecto.
Ante ello, la respuesta del alcalde para hacer frente a esta realidad "ha sido ir recortando los programas y servicios sociales, así como también el presupuesto", ha lamentado Calvo.
En 2011, el Ayuntamiento de Palma destinaba a atención social 31 millones de euros, cantidad que baja hasta un 13,% en el presupuesto de 2014, hasta 26,9 millones de euros, han apuntado desde el PSIB.
Con todo, la portavoz socialista ha recordado que "lo primero que se recortó" fueron los programas de ocupación y los educadores de calle; después los orientadores laborales, el programa de refuerzo escolar, la educación de adultos, las líneas y frecuencias de autobús y, mientras, los ciudadanos tienen que pagar también los medicamentos y la educación, porque les han quitado ayudas de libros de texto, becas de comedor y ayudas de dependencia, entre otros.
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