Actualizado el 30/11/2018 04:57 Compartir
El Sindicato español de pilotos y líneas aéreas (Sepla) ha informado que el Govern de las islas adjudica el servicio de aeronaves - ambulancia a una empresa que incumple los pliegos de condiciones técnicas. Una de las condiciones para otorgar este servicio era la de subrogar a los trabajadores, a lo que la empresa adjudicataria se niega después de haber ganado el concurso. La antigüedad de algunas aeronaves o la falta de dotaciones como incubadoras son otros de los problemas a los que se enfrentará este servicio
Los pilotos y mecánicos de los helicópteros que cubren el servicio sanitario de las islas Baleares (aviones-ambulancia) se encuentran en una situación excepcional. El Gobierno balear decidió conceder este servicio a una nueva empresa, Eliance, que no garantiza las condiciones laborales de estos trabajadores y que incumple varios aspectos técnicos exigidos por la propia Administración Pública en los pliegos de condiciones que se establecen al iniciarse el concurso público.
El Govern ha adjudicado este servicio a la empresa Eliance, que ofrecía unos costes mucho más bajos que la empresa que ha realizado realizando este servicio durante los últimos años, Babcock Aviation. El criterio de abaratar costes parece haber sido el único seguido por el Govern para conceder la operación de sus aviones ambulancias, ya que varios de los requisitos establecidos en los pliegos no se cumplen.
Estos pliegos de condiciones son una suerte de “contrato” entre la Administración Pública y la empresa adjudicataria. En ellos, se establecen las condiciones legales y técnicas que las empresas que concurren al concurso deben cumplir para realizar el servicio. Su cumplimiento es, por tanto, obligatorio. A pesar de ello, el Gobierno Balear ha adjudicado este servicio a una empresa que no cumple algunos de los puntos del pliego, especialmente en aspectos referentes a la dotación de las aeronaves o a las condiciones de los empleados.
Así, dos de las aeronaves que ofrece Eliance (antigua Habock Aviation) para hacer el servicio sobrepasan con mucho la antigüedad límite establecida en el pliego (10 años) y comprometida por la propia Habock ante la Administración (6 años). Es el caso de una Cessna de 21 años de antigüedad, que operará durante meses hasta ser sustituida por otra que sí cumpla las condiciones. Además, ninguna de las aeronaves de este servicio, 2 aviones y 2 helicópteros, tendrá en diciembre (fecha en que comienza el servicio) el obligado servicio de incubadora.
En lo referente al personal, el pliego de condiciones técnicas obliga a la empresa adjudicataria a subrogar a los trabajadores que trabajaban anteriormente para la empresa que pierde el concurso, en este caso Babcock. De este modo, se garantiza que los empleados no sean las principales víctimas de posibles cambios en la adjudicación. Pues bien, después de haberse comprometido a cumplir este requisito, Habock Aviation se niega a subrogar al personal de Babcock. Así las cosas, a dos días vista de que comience a operar este servicio en las islas, los 21 pilotos y los 6 Técnicos de Mantenimiento no saben si a principios de diciembre sus condiciones laborales se mantendrán o no.
El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas pide al Gobierno Autonómico de Baleares que vele por el cumplimiento de las condiciones del pliego, especialmente en lo referente al mantenimiento de puestos de trabajo y otros aspectos técnicos. Asimismo, exige que los pliegos de condiciones técnicas no sean un mero trámite y se cumpla su función, que no es otra que la de establecer unos requisitos de obligado cumplimiento para garantizar la seguridad y la calidad de las operaciones y del propio servicio de emergencias sanitarias.
SEPLA expresa su temor no sólo por la incertidumbre en los puestos de los trabajos afectados por este cambio, sino por que la calidad de este servicio se pueda ver afectada. El transporte de emergencias sanitarias, tanto por tierra como por aire, es un servicio público que no debe estar expuesto a los vaivenes entre empresas y administraciones públicas. Ellas son, junto a los profesionales que conforman el equipo humano, quienes deben velar en última instancia para que se cumplan los estándares de calidad y seguridad que se le supone a un servicio de tal relevancia para la sociedad.
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