El Consell de Mallorca critica la descoordinación e improvisación del Gobierno central en el reparto de menores extranjeros no acompañados

El conseller de Benestar Social y presidente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, ha criticado hoy duramente la gestión del Gobierno central en relación con el reparto de menores extranjeros no acompañados, aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Según el conseller insular, el ejecutivo estatal actúa con «descoordinación e improvisación», y las medidas previstas «agravan aún más» la situación límite que ya sufre Mallorca, donde la atención a los menores migrados se encuentra diez veces por encima de la capacidad ordinaria de acogida.

«Lo que plantea Madrid es trasladar aún más presión a un territorio que ya está absolutamente desbordado», ha remarcado el conseller, que ha recordado que sólo en el mes de agosto han llegado 41 niños y adolescentes, una cifra que supera de largo las 30 llegadas registradas durante todo agosto de 2024.

Guillermo Sánchez ha denunciado que el Gobierno central «nos exige cumplir lo que ellos mismos incumplen», ya que ni siquiera garantizan la gestión de los menores demandantes de asilo, que permanecen bajo tutela autonómica sin los recursos ni el acompañamiento adecuado, como ha sentenciado el Tribunal Supremo.

El conseller ha advertido que «la situación actual compromete seriamente la calidad de la atención, que corre el riesgo de verse reducida a una gestión meramente asistencial, muy alejada del modelo educativo y de integración que defiende el IMAS».

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de las Islas Baleares ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra este sistema de reparto «que no tiene ni cabeza ni pies», asegura, y ha expresado la esperanza de que el alto tribunal dictamine en favor de las comunidades autónomas que, como las Islas Baleares, viven una situación de sobresaturación insostenible.

Finalmente, el conseller insular ha insistido en que «la solución no puede basarse en traslados improvisados, sino en una planificación seria, coordinada y con recursos suficientes, que garantice tanto los derechos de los menores como la capacidad real de respuesta de cada territorio».