Actualizado el 01/08/2020 07:29 Compartir
Los controles sanitarios de los pasajeros del tráfico aéreo y marítimo internacional con destino a las Illes hasta ahora se han llevado a cabo de forma generalizada y con resultados óptimos para la finalidad tanto disuasoria como preventiva de la transmisión del SARS-CoV-2 —lo cual es capital teniendo en cuenta la trascendencia de la actividad turística para la comunidad autónoma de las Illes Balears. Ahora, sin embargo, se requiere de un segundo elemento fundamental para ser realmente efectivo, como es el traslado de las informaciones concretas de salud que resultan de estos controles a los órganos administrativos que tienen la condición de autoridad sanitaria en materia de salud pública y efectiva competencia en materia de prestación de asistencia sanitaria pública en el territorio donde se establecen los controles sanitarios. En ambos casos, estos órganos son autonómicos: la Conselleria de Salud y Consumo y el Servicio de Salud de las Illes Balears respectivamente.
Con este convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración autonómica se podrá trasladar la información en materia de salud de los viajeros de terceros países con destino hacia las Illes–que ahora es recaudada por el Ministerio de Sanidad– de forma que esta información llegue y la puedan usar los órganos competentes para velar por la salud pública y la prestación de la asistencia sanitaria en el territorio de las Illes Balears.
Las autoridades sanitarias autonómicas tendrán acceso a los datos identificativos y de contacto de los pasajeros, así como a la información de salud que hayan declarado en los controles sanitarios vinculada con la COVID-19: si presentan tos, dificultad respiratoria, si han estado en contacto con algún paciente positivo confirmado de COVID-19 en los 14 días anteriores o si han ido a un hospital en las dos semanas anteriores al viaje.
Según establece el acuerdo, la información debe ser tratada exclusivamente para finalidades de interés público en el ámbito de la salud pública, para garantizar la seguridad de la asistencia sanitaria o para proteger los intereses vitales de los pasajeros u otras personas físicas.
El convenio de colaboración será firmado por la consellera de Salud y Consumo de las Illes Balears, Patricia Gómez, y por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Gobierno de España, Pilar Aparicio. Tendrá una duración inicial de un año y podrá ser prorrogado por periodos semestrales hasta un máximo de dos años.
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