El Govern no halla ningún informe sobre el proyecto 'Ciberpime' adjudicado a Over por 109.000 euros

El Govern no ha hallado ningún informe relativo al resultado de la campaña de publicidad, adjudicada a la empresa Over Marketing, de un proyecto de administración digital impulsado por el Ejecutivo autonómico -denominado 'Ciberpime'- que costó a las arcas públicas un total de 109.138 euros. Según las pesquisas, el pago, efectuado durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), fue fraccionado en varios contratos menores con el objetivo de poder adjudicarlos de forma directa y sin concurso.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Dirección General de Comunicación ha remitido al juez José Castro en el marco de la pieza número 27 del caso Palma Arena, considerada la ramificación del caso Gürtel en Baleares y centrada en las adjudicaciones presuntamente irregulares con las que fue favorecida Over así como en la supuesta financiación ilegal del PP balear.

El magistrado reclamó el pasado mes de abril documentación relativa al proyecto 'Ciberpime', al tiempo que solicitó que los técnicos de la Dirección General, integrada en la Conselleria de Presidencia, aporten información sobre la adecuación al precio de mercado de varias de las facturas libradas por empresas vinculadas a Over en relación a esta iniciativa.

Más en concreto, se trata de una factura de Traci Comunicación librada contra la empresa pública ParcBit por importe de 11.899 euros; otra de Link América contra ParcBit por 10.842; una tercera de Abanico SL contra Bitel Balear Innovación Telemática por 2.945 euros; otra librada por Traci contra Bitel por 2.957 euros; otra de Link América también contra Bitel por 2.969, y una última de Over contra Bitel por 2.957 euros.

Al respecto, la Dirección General señala en otro de los informes que ha entregado al juez que las tarifas de las campañas de publicidad son aprobadas por cada uno de los medios de comunicación "sin intervención alguna" por parte del anterior departamento público ni de ningún otro organismo del Govern, por lo que los precios a facturar "varían en función" de los criterios de la empresa licitadora. En consecuencia, añade, no constan dichas facturas en los archivos del departamento.

FINANCIACIÓN DEL PP POR PARTE DE OVER

En el marco de estas pesquisas, los investigadores apuntan a que parte del dinero público que recibió la agencia de publicidad habría acabado en manos del PP balear.

Precisamente, dentro de esta causa se encuentran imputados, entre otros, el propio Matas y la exconsellera de Salud Aina Castillo, así como el que fuera presidente del PP de Palma y conseller de Interior, José María Rodríguez, quien en julio de 2012 dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que habría incurrido en favor de la trama Gürtel mientras era conseller.

Tal y como manifestó en su día ante el juez el administrador de Over, Daniel Mercado, también imputado en la causa, pactó con Matas poder cobrar en dinero negro parte de los gastos de las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, cuya creatividad asumió su empresa. El encausado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.

PAPEL DE JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ

Según precisó, el extesorero del PP balear y cuñado de Matas, Fernando Areal, era quien establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue José María Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro en las antiguas oficinas del partido. De hecho, apuntó que éste último era el dirigente que "realmente tomaba las decisiones en el PP" y los presupuestos que Mercado presentaba a los exaltos cargos del PP en relación con los comicios eran supervisados por Rodríguez, ya que éste tenía "una gran experiencia en costes de campañas electorales".

Precisamente, los investigadores tienen en sus manos un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, según explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en concepto de los servicios electorales". "Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez", aseveró.

INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA TRAMA GÜRTEL

Dentro de estas actuaciones judiciales se encuentran bajo lupa judicial diversas Consellerias que intervinieron en la adjudicación de contratos a Over. Más en concreto, se indagan las partidas públicas que se destinaron a esta empresa por publicidad institucional y si éstas fueron destinadas al objeto para el que fueron otorgadas.

Fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del llamado caso Ibatur (en verano de 2010), los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.