Actualizado el 21/02/2014 13:16 Compartir
Así lo pone de manifiesto en la última resolución dictada dentro de la causa y fechada este jueves, donde señala, en concreto, que "ya desde este momento se anuncia que no se admitirán diligencias que sean reproducción de otras anteriores o útiles sólo desde la óptica de quien las solicita".
El juez se pronuncia en este sentido a colación de la petición efectuada por el sindicato Manos Limpias de que no fuese admitida como acusación popular la asociación Frente Cívico 'Somos Mayoría', impulsada por el exdirigente del PCE y de IU Julio Anguita, al considerar que su personación podría suponer un retraso en la instrucción ante la posibilidad de que esta entidad solicite nuevas diligencias "dilatorias".
Al respecto, el magistrado recalca que el propio sindicato, que también ejerce la acción popular en el caso Nóos, "no se ha privado de solicitar todo tipo de diligencias, que no siempre han tenido éxito", mientras que "pocas resolución se han librado de sus recursos", por lo que asevera que Manos Limpias "quizá no sea la parte más legitimada para hacer tales reproches".
Es más, subraya que, sobre el posible retraso en las investigaciones que alega la entidad, "para impedir dilaciones indebidas está precisamente el instructor". Sentado esto, afirma Castro que "no hay razón alguna para limitar el ejercicio de un derecho constitucional a quien aparenta un interés serio", en referencia a la personación del Frente Cívico.
"Si el devenir de la instrucción evidenciara lo contrario, siempre se podrían adoptar las medidas oportunas para corregir los desvíos, pero no impedir de entrada su personación", sentencia el juez en su auto.
Fue el pasado 30 de enero cuando el magistrado admitió la personación de Frente Cívico, promovida en 2012, con lo que se suma así a las también acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, el PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.
'Somos Mayoría' presentó un escrito en el que pedía ser parte en el caso Nóos en defensa de los intereses de la ciudadanía, al recriminar cómo ésta "ha estado sufriendo graves perjuicios de los recursos económicos que tan escasos y necesarios son para hacer efectivos los derechos de todos".
Además, consideraba "muy necesario reforzar la presencia de la ciudadanía, que tanto tenemos en juego". De hecho, la entidad apuntaba a "la desmoralización, desconfianza y alarma ciudadana" motivada por "la gravedad de los hechos que se instruyen en la causa y que por sí mismos han trasladado la imagen del grado de arbitrariedad en el manejo de dinero público". "Algo que se ha agravado sustancialmente desde que el juez instructor procediera a citar a la Infanta Cristina".
Sin embargo, desde Manos Limpias acusaron a Frente Cívico de querer personarse como acusación popular "para sacar un rendimiento mediático ajeno al procedimiento jurídico, dada la trascendencia del caso", y recriminaba que , "aunque en principio pudiera ser legítima y procedente", ésta "queda desvirtuada" al haber transcurrido más de tres años sin que la entidad se haya personado, "desconociendo todo el sumario y estando la instrucción en su fase final".
Durante la instrucción de la causa también han solicitado ejercer la acción popular un criminólogo y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica), la Iglesia Evangélica Jesús, Amor y Libertad, y una modelo que denunció abusos sexuales por parte de un príncipe saudí en Ibiza. Estas peticiones fueron desestimadas por el juez Castro.
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