El PSIB-PSOE exige que no se apruebe de la modificación de la ley de Ports hasta saber si existen incompatibilidades con el conseller Lafuente

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, ha exigido hoy que no se lleve a Pleno la modificación de la ley de Puertos, impulsada por PP y Vox, hasta que no se resuelvan todas las dudas que se ciernen sobre la posible incompatibilidad que supone aprobar este texto, cuando el conseller Lafuente tiene intereses familiares en una empresa vinculada directamente con concesiones administrativas de ports.

Pons ha denunciado hoy que PP y Vox han acordado en comisión parlamentaria el dictamen para la modificación la ley de Ports, que permitirá alargar en 15 años el período de una concesión de servicios, hasta alcanzar los 50 años. Este cambio normativo beneficiaría a todas las empresas que actualmente tienen una concesión administrativa, entre las que se encuentra la sociedad Addaya SA, propiedad de la familia del consejero Lafuente.

Ante esta circunstancia, los socialistas piden que no se prorrogue la concesión para las empresas, y que entre 2037 y 2040 –periodo en el que terminarán las concesiones vigentes– se vuelvan a realizar concursos públicos en competencia. Asimismo, Pons ha reclamado que el PP no lleve a pleno la aprobación definitiva de la modificación de la ley mientras no se resuelvan las dudas sobre la incompatibilidad del conseller Lafuente.

En este sentido, Pons recordó que, pese a que el conseller Lafuente negó en sesión plenaria, hace casi medio año, que no existía ningún beneficio por su parte, y que aportaría documentación para demostrarlo, el hecho es que a día de hoy no ha presentado ni la declaración de patrimonio, ni la declaración de renta de 2024; no ha explicado las circunstancias de aceptación de su herencia, ni si votó a favor o no de la tramitación de esta ley en Consejo de Gobierno.

Por otra parte, el portavoz socialista ha indicado que las Islas Baleares no está en situación de elegir prioridades, sino de resolver "urgencias" en problemas como la vivienda, la degradación de los servicios en la Sanidad pública o la saturación turística, punto que incluso la propia presidenta Prohens reconoció la necesidad de tomar "medidas valientes", que todavía no ha puesto en marcha.

Por eso, el Partido Socialista presenta en el Pleno una iniciativa para limitar la entrada de vehículos en Mallorca, y para mejorar de forma sustancial el transporte público por carretera y ferroviario: "Ya que Prohens no ha tenido la valentía de presentar la iniciativa legislativa que prometió, al menos que tenga la decencia de votar aquello a lo que se comprometió".

Y en último término, Pons ha aludido que la ley de gestión aeroportuaria que propone PP, Més per Mallorca y Més per Menorca, plantea "la ruptura de equilibrios entre administraciones. Si se trata de cogestión, debería ser de forma igual, y sin una reserva por parte de los gobiernos a un derecho a veto en cualquier decisión".

Por eso, el PSIB-PSOE ha hecho un planteamiento de cogestión real, en los mismos términos que se ha pactado para el País Vasco o así como se está negociando ahora en Cataluña: "Hemos hecho un planteamiento de crear un Consejo rector aeroportuario, para hacer posible la participación directa del Gobierno, de los Consejos y de los Ayuntamientos, de forma equilibrada, tripartita", agentes económicos y sociales como tercera parte en este Consejo.

Pons ha advertido que la propuesta del PP, Más por Mallorca y Más por Menorca, genera más desigualdades, y acabará suponiendo la imposibilidad de aprobarse en el Congreso de los Diputados: "Lo que vote Prohens aquí no lo votará Feijóo en el Congreso", ha indicado.