Actualizado el 21/02/2014 08:07 Compartir
"Al final es mi padre y se fía de mí", se limitó a responder la Infanta a la pregunta del magistrado, en el curso de la comparecencia celebrada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press.
Doña Cristina fue inquirida así por los 1,2 millones de euros que el Rey transfirió en 2004 a una cuenta titularidad de los Duques, a los que la imputada se refirió como un préstamo y no una donación encubierta que no hubiera sido declarada ante Hacienda. De hecho, apuntó que está devolviendo el dinero y que hasta ahora ha retornado 150.000 euros.
"Fue un préstamo y tengo toda la intención de devolvérselo", insistió la encausada, quien señaló asimismo que éste que se realizó mediante escritura y ante notario. Ante esto, el magistrado intervino aseverando que "será un préstamo, vale, pero hay que reconocer que entre padre e hija no suele ser que haya ningún recelo que justifique que uno vaya a un notario a decir 'oiga, que le he dado...', cuando además la entrega del dinero ya consta por dos transferencias".
"Entonces", prosiguió el magistrado, "la pregunta era si sabe de la necesidad de documentarlo en escritura pública". "No lo sé, me imagino que habría alguien que lo dijese así o algún asesor jurídico, alguien, no lo sé".
En concreto, fue el pasado mes de septiembre cuando la Agencia Tributaria (AEAT) reveló mediante un informe dos transferencias bancarias urgentes de 600.000 euros cada una por parte del Monarca a favor de su hija y su yerno. Según el informe de Hacienda, sendos ingresos se produjeron el 30 de julio y el 29 de septiembre de 2004, en forma de transferencias "urgentes" ordenadas por "S M D Juan Carlos de Borbón y Bo" a una cuenta bancaria de La Caixa de la que son titulares los Duques.
De hecho, el análisis de las operaciones bancarias realizadas con esa cuenta entre 2004 y 2006 arroja que la Infanta Cristina declaró una deuda de 1,2 millones de euros -coincidente con la cantidad total que transfirió el Rey-, bajo el concepto de préstamo, en sus declaraciones por el Impuesto de Patrimonio de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007.
Por otro lado, respecto a las recomendaciones de la Casa Real de que Iñaki Urdangarin se desvinculase del Instituto Nóos, la Infanta aseguró que el Rey "nunca" le hizo ningún comentario sobre las actividades empresariales recomendables o no de su marido. Sí recordó que el asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero, acudió a Barcelona para cursar esta recomendación a su marido, si bien manifestó desconocer si esa visita fue autorizada o consentida por el Rey.
Tras ello, el juez terció: "Es difícil de imaginar que un señor se tome la atribución de decirle al yerno de su Majestad el Rey 'oye, apártate de esta sociedad', sin que eso se haga con la... de su Majestad el Rey". A lo que la Infanta respondió que "entre su Majestad el Rey y José Manuel Romero también está el Jefe de la Casa, y hay otras personas que pueden haber hablado con don José Manuel Romero, pero desconozco exactamente con quién habló este señor".
El propio Romero recordó, en su declaración como testigo en marzo de 2013, que en septiembre de 2005 propuso a la Casa Real varias consideraciones encaminadas a que el Duque se abstuviera de participar en la gestión comercial o mercantil de cualquier tipo de entidad, después de que a mediados de ese año surgiesen "rumores" de que el marido de la Infanta estaba llevando a cabo actividades económicas cuya licitud no ha puesto en duda, pero que podían ser contrarias a las pautas institucionales fijadas en la Casa Real.
El Conde de Fontao explicó así que advirtió al Duque de que las actividades en las que se colaboraba con las Administraciones públicas debían someterse a las normas de la contratación pública.
Fue a finales de 2005 y principios de 2006 cuando intensificó sus presiones para que Urdangarin abandonase toda vinculación en la gestión de las entidades del grupo Nóos, y a abstenerse de dirigir entidad de clase alguna, siendo únicamente admisible su colaboración como consejero o consultor independiente, sin que estos cargos llevasen asociadas funciones de carácter ejecutivo o de dirección.
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