El juez y las acusaciones formularon hasta un total de 1.063 preguntas a la Infanta Cristina

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y la Abogacía del Estado formularon hasta un total de 1.063 preguntas a la Infanta Cristina, a lo largo de las siete horas que duró su interrogatorio como imputada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

Así consta en su declaración, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, durante la cual el magistrado le interpeló hasta en 806 ocasiones, mientras que la Abogacía del Estado, personada en representación de la Agencia Tributaria, lo hizo en 136 y el Ministerio Público en 121.

A todas estas preguntas, la Duquesa de Palma respondió con hasta 579 evasivas sobre su papel al frente de Aizoon, sociedad de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y en torno a la gestión del Instituto Nóos, entidad a través de la que su esposo y el exsocio de éste, Diego Torres, se apoderaron de 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.

Entre las imprecisiones en que incurrió la imputada, 412 veces dijo "no lo sé" o "no sé" a las preguntas que le formularon durante el interrogatorio, mientras que en 82 ocasiones aseguró "no lo recuerdo". El resto de evasivas las saldó con 58 "lo desconozco", siete "no me consta", siete "no lo sabía" y un "no tenía conocimiento", entre algunas otras.

La Infanta declaró ante el juez Castro más de dos años después de que su nombre apareciese en el foco de las investigaciones del caso Nóos, prácticamente desde el momento en que, a finales de 2011, la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon como una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

Pese a que las pesquisas dieron sus primeros pasos a principios de 2010, fue en noviembre de 2011 cuando estallaron definitivamente con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas. El hecho de que la hija del Rey figurase como vocal en el Consejo de Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres.

Durante su declaración, la Infanta manifestó su plena confianza en su marido, desmarcándose de sus negocios y desvinculándose totalmente de la gestión de la mercantil Aizoon, participada por ambos en un cincuenta por ciento. Sólo durante cinco horas fue interrogada por el juez Castro.

Antes de ser imputada por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales, a lo largo de ocho meses fue llevada a cabo una intensa investigación que conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.

Entre los datos arrojados por Hacienda, se encuentran los 698.824 euros a los que elevó el importe total que los Duques destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares. Sin embargo, hasta el momento la AEAT ha desvinculado a la Infanta de presuntos fraudes a nivel fiscal y de blanqueo, lo que no ha evitado que el juez Castro quisiera llegar al fondo del asunto con la nueva imputación de la hija del Rey.