ClientEarth y Oceana llevan al Tribunal Supremo la inacción de España ante la amenaza de pescal ilegal en África Occidental

ClientEarth y Oceana presentan un recurso ante el Tribunal Supremo después de que las autoridades españolas rechazaran investigar a buques españoles sospechosos de pesca ilegal en aguas de África Occidental.

El caso, ahora recurrido desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se centra en embarcaciones propiedad de empresas españolas pero que operan bajo banderas extranjeras en aguas de Senegal y Guinea-Bisáu. Pese a las supuestas infracciones de la normativa pesquera, las autoridades españolas se negaron a investigar. ClientEarth y Oceana iniciaron acciones legales en abril de 2025.

España sólo actúa contra buques de propiedad española que enarbolan banderas no pertenecientes a la Unión Europea y operan en otros países cuando dichos buques ya han sido incluidos en listas negras de pesca ilegal. Esto significa que España no actúa de forma temprana, ni para prevenir las actividades ilegales ni en casos de pesca ilegal por parte de embarcaciones de propiedad española que no figuran en dichas listas negras. Esta interpretación de las normas crea una peligrosa laguna en los esfuerzos de la UE para frenar la pesca ilegal.

Nils Courcy, abogado de ClientEarth, afirma: “Interpretar las normas de forma tan restrictiva significa que cientos de buques que enarbolan pabellones no pertenecientes a la UE, pero con intereses financieros europeos, podrían pescar ilegalmente sin ser cuestionados. Esto contradice las leyes de la UE y socava el sistema diseñado para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El Tribunal Supremo debería, por tanto, ajustar la legislación española a las normas y objetivos de la UE”.

Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana, explica: “Cuando España se niega a investigar a empresas que poseen buques pesqueros que operan bajo banderas extranjeras, envía un mensaje peligroso: que la responsabilidad termina en la bandera. Esta laguna legal incentiva el cambio de bandera hacia países con controles más débiles y pone en riesgo a los pescadores responsables y a las comunidades costeras. Garantizar que todas las embarcaciones vinculadas a intereses financieros españoles cumplan los mismos estándares es esencial para mantener una competencia leal y prevenir la pesca ilegal”.

La falta de investigación sobre las empresas propietarias de buques que operan en terceros países no es solo un asunto técnico. La pesca ilegal en aguas de África Occidental amenaza poblaciones de peces ya sobreexplotadas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, los empleos y la estabilidad económica de las comunidades costeras que dependen de ellas. Cuando la vigilancia falla, estas comunidades sufren las consecuencias.

La falta de control también dificulta la prevención de la pesca ilegal desde el inicio. Esto no solo distorsiona la competencia leal, sino que además socava la ambición de la UE de liderar la lucha global contra la pesca ilegal, reflejada en los estrictos estándares de sostenibilidad que impone a las importaciones de productos del mar de países no pertenecientes a la UE.

Los riesgos son mayores porque Senegal recibió una tarjeta amarilla de la Comisión Europea en 2024 por graves deficiencias, incluidos controles portuarios insuficientes. En este contexto, la negativa de España a investigar buques vinculados a intereses españoles aumenta la probabilidad de que actividades ilegales pasen desapercibidas.

En su recurso, ClientEarth y Oceana solicitan al Tribunal Supremo que confirme que los Estados miembros de la UE deben actuar para prevenir la pesca ilegal, incluso antes de que los buques sean incluidos formalmente en listas negras de pesca ilegal. La sentencia del Tribunal Supremo contribuirá a definir cómo los Estados miembros interpretan y aplican sus responsabilidades de control y supervisión en el marco de lucha contra la pesca ilegal de la UE.