El Parlamento Europeo se pronuncia a favor de mayor flexibilidad en las ayudas de minimis a las empresas de las islas de la UE

La eurodiputada balear del PSIB-PSOE, Alicia Homs, ha vuelto a insistir hoy en el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo en la necesidad de establecer topes más flexibles en las ayudas de minimis para las empresas que operan desde las islas de la UE . El debate ha girado en torno a efectos del Reglamento de minimis en la cohesión europea y, además de Homs, varios eurodiputados de casi todos los grupos parlamentarios han pedido esta flexibilidad para las regiones insulares.

Actualmente, el Reglamento dice que una empresa puede recibir un máximo de 200.000€ en ayudas de estado cada tres años. Esta cantidad, según varios estudios de universidades y cámaras empresariales de diferentes islas europeas, es insuficiente para paliar los costes de la insularidad, estimados en un 70% más sobre el coste de ' una empresa afincada en el continente. Homs ha subrayado que “ esto es una disfunción del Mercado Interior que debe corregirse. Todas las empresas compiten en igualdad de condiciones menos aquellas que operan desde una isla.”

El debate ha llegado al Pleno a raíz de una primera sesión en la comisión de política regional con la comisaria competente, la vicepresidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager, el pasado 25 de enero. Entonces también se visibilizó la unidad del Parlamento en esta petición que hacen las islas europeas.

La renovación de este Reglamento actualmente en curso es competencia exclusiva del departamento de la Comisión Europea que dirige Vestager. El Parlamento y los Estados miembros tienen un papel meramente consultivo. Sin embargo, Homs ha sido una de las diputadas que ha incentivado los debates sobre este Reglamento en el Parlament, para que se tenga en cuenta la opinión de la cámara que representa a la ciudadanía europea.

Según Homs, "la Comisión Europea debe entender que las islas no estamos pidiendo un privilegio, estamos pidiendo corregir una desigualdad". Esta falta de competitividad tiene efectos sociales y estructurales, ha alertado Homs, ya que "provoca el encarecimiento de los precios, la desindustrialización y la sobredependencia del turismo". Para poder corregir esta desigualdad, la Comisión debe permitir a los Estados dar ayudas suficientes para compensar los gastos extraordinarios ocasionados por la insularidad.