La Comisión Europea acepta la denuncia de 16 entidades a las instituciones españolas por su gestión de los residuos

La Comisión europea ha aceptado llevar a trámite la denuncia hecha por 16 entidades del territorio a las actuaciones injustas y lesivas de las instituciones españolas al cometer continuas infracciones e incumplimientos de la normativa comunitaria en materia de gestión de residuos.

"Todas las prospecciones sobre la preparación para la reutilización y reciclaje 2020 obligan a pensar que en España no cumplirá los objetivos establecidos por la Directiva 2008/98 / CE", dice la denuncia presentada por este grupo de colectivos .

Según los últimos datos presentados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el reciclaje de residuos municipales en España se situaba en el 35% en 2018. Y, no sólo esta cifra insuficiente ha empeorado en los últimos años, sino que más el eSTs español no ha puesto en marcha ninguna de las políticas que la Comisión Europea le ha ido recomendando en los últimos años para alcanzar el objetivo del 50% en 2020. «Resulta evidente que el incumplimiento es un síntoma claro de la ineficiente gestión de los residuos en España ", sentenciaron los denunciantes.

El actual gobierno y sus antecesores, y ante una emergencia climática sin precedentes, permiten recurrentemente, a pesar de las advertencias y recomendaciones europeas, que la ciudadanía de todas las regiones de España, sufran las consecuencias de la ineficiente gestión los residuos.

Actualmente la ciudadanía y las administraciones públicas locales deben convivir en un modelo de producción y consumo lineal, defendida desde las instituciones, manteniendo los tratamientos finalistas (vertederos e incineradoras) y permiten el abandono de millones de plásticos y otros residuos desde Atlántico en el Mediterráneo que no sólo afecta a los ecosistemas sino a la economía ya la salud humana.

Hay territorios como Cataluña, Navarra o Baleares que han hecho una apuesta por impulsar medidas concretas de prevención y gestión de los residuos. Aún así, siguen incumpliendo los objetivos marcados por la Unión Europea y se ven arrastrados por un Estado español inmóvil.

Hace unos meses el Gobierno de las Islas Baleares hizo público un informe propio donde se constataba el incumplimiento de los objetivos de prevención reciclaje y reutilización. Una declaración histórica porque era la primera vez que una administración autonómica daba un paso adelante aportando datos reales del territorio rompiendo de forma esperanzadora con la opacidad del sistema oficial de recuento de datos.

El reciclaje tal como se sigue planteando ni alcanza los objetivos ni supone una recuperación de materiales de calidad. El reciclaje, por sí solo, sólo forma parte de un discurso obsoleto que no salvará el planeta ni en nuestras comunidades.

Se requiere de un cambio de rumbo aplicando medidas concretas como pueden ser:

• la fiscalidad ambiental en el vertido y la incineración
• prohibir la entrada al mercado de elementos desechables (como los envases de plástico, los productos menstruales o los pañales),
• poner objetivos e instrumentos para impulsar a reutilización,
• obligar a los fabricantes a asumir todos los costes de recogida, limpieza y gestión de los productos que sacan al mercatr
• implantar sistemas como el Sistema de depósito, devolución y retorno a envases, y también a cigarrillos, textil, pilas y mobiliario.

Ante la emergencia climática, es prioirtari cambiar el rumbo hacia la reutilización que, en comparación con el reciclaje, supone una mayor aprovechamiento de los recursos naturales, emite muchas menos emisiones de CO2, es viable económicamente y crea un empleo local y diversificada. Así se demostró recientemente con el informe reWINE sobre la viabilidad de reutilizar botellas de vidrio en el sector vitivinícola en Cataluña. Asimismo, así lo demuestran día a día todas las organizaciones, especialmente de la economía social y solidaria que trabajan a favor de la reutilización en condiciones más que insostenibles porque no hay una apuesta política y normativa a favor de la reutilización.
Por todos estos argumentos, más allá de que la Comisión Europea haya admitido a trámite su reivindicación, las entidades piden un cambio de rumbo inmediato por parte de la vicepresidenta Teresa Ribera, principal responsable dentro del ejecutivo español. Este giro de 180 grados pasa para transponer las nuevas directivas de residuos a través de una nueva Ley de Residuos participativa y ambiciosa, con herramientas que aseguren el cumplimiento obligatorio de los nuevos objetivos de reutilización y reciclaje.