Actualizado el 29/07/2021 12:29 Compartir
“Desde inicios de 2020 se viene registrando un incremento global de precios sin precedentes en determinados materiales básicos de construcción, afectando con ello al normal desenvolvimiento de la actividad, tanto en edificación como en obra civil”, critican los constructores.
“El encarecimiento de precios pone en peligro el equilibrio económico de los contratos y su ejecución, al tener que afrontar las empresas constructoras incrementos de precios, en algunos casos, superiores al 100%. Las tensiones ante la escasez de determinados materiales, puede provocar retrasos importantes en la ejecución, comprometiendo el cumplimiento de los plazos de las obras en curso”, manifiestan desde la Asociación de Constructores.
Subidas que superan el 100%
De hecho, los registros de la evolución de precios confirman estos fuertes incrementos ya que, entre abril de 2020 a abril de 2021, el acero se ha disparado un 30%, subida que alcanza el 78% del acero corrugado, el 102% del cobre, un 56% del precio del aluminio, un 85% de las mezclas bituminosas, un 70% en tubos de PVC, o un 30% en la madera.
A esto hay que sumar los precios “con máximos históricos” de la electricidad y el incremento del 106% del precio del barril de petróleo que, además de ser fuente de algunas de las materias primas, como el betún asfáltico, conlleva también y de forma directa sobrecostes a todo tipo de transportes.
Igualmente lesiva es la incidencia del transporte marítimo que arroja incrementos entre un 300% a un 500%, según las rutas, y que afecta de forma especial a las empresas de Baleares por el factor de la insularidad “que siempre nos afecta negativamente en términos de competitividad”, señala la Asociación de Constructores.
Los proveedores trasladan a las empresas de la construcción el alza de precios
La mayor parte de los proveedores de materiales de las empresas de la construcción de Baleares ya han enviado cartas a sus clientes alertando de que “no podemos garantizar precios a medio plazo y trabajar sobre presupuesto cerrado”. Algunos incluso han remitido comunicados señalando que “debido a la excepcional situación nuestros presupuestos tendrán una validez máxima de 7 días”, cuando lo habitual era una validez de entre 30 y 90 días.
Los proveedores advierten en sus misivas que “la situación que está ocurriendo desde hace unos meses en la práctica totalidad de las materias primas y que nunca en décadas la habíamos experimentado. Debido a lo que jurídicamente se contempla como causas de fuerza mayor, las cadenas de suministro mundiales se han visto mermadas o rotas para muchas materias primas”.
Señalan que las “gran volatilidad de los precios” tiene su origen “en el parón de la actividad en los peores momentos de la explosión de la pandemia del COVID-19 en el primer cuatrimestre de 2020 junto con una salida asimétrica de las distintas regiones del planeta. Otras circunstancias son la ralentización por concentración y deslocalización de equipos del transporte marítimo mundial (incluido el reciente parón en el Canal de Suez), los desequilibrios de la oferta-demanda entre Europa, EE. UU. y Asia, y un cambio brusco en los hábitos de consumo de los ciudadanos de todo el mundo.
Afirman además que “muchos de los materiales fabricados en España se han visto afectados también por un incremento importante de los costes energéticos debido a un encarecimiento de combustibles y electricidad”.
“Faltan mecanismos de reequilibrio para que los contratos sean viables”
En este sentido, "el hecho de que la Ley de Desindexación haya bloqueado la revisión de precios, y que el sistema de revisión de precios contenido en la Ley de Contratos se aplique en muy contadas ocasiones, hace que la viabilidad de muchos contratos se esté poniendo en cuestión porque el sobrecoste que sufren las empresas constructoras no puede mantenerse en el tiempo", denuncian los constructores de Baleares.
“Sin revisión de precios no se puede moderar el principio de riesgo y ventura del contratista, perjudicando gravemente a las pymes”. Por ello, para la Asociación de Constructores son necesarias reformas normativas y medidas dirigidas a implantar la revisión de precios, tanto en obra pública como privada, respectivamente, así como establecer mecanismos de prórroga en los plazos de ejecución de los contratos.”
Esta argumentación que también es compartida por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) cuyo presidente, Fernández Alén ha llegado a advertir que “en ocasiones es preferible abandonar una obra o un proyecto que asumir un incremento desproporcionado de costes que, en muchos casos, está llegando a más del doble”.
Por ello, desde la confederación de la construcción “creemos que es necesario poner en marcha algún mecanismo para reequilibrar económicamente los contratos para que sean viables: por una parte, la derogación de la Ley Reguladora de la Desindexación en Materia de Contratación Pública; y, por otra, el restablecimiento del sistema de cláusulas de revisión de precios en los contratos públicos”, reclama Fernández Alén. De igual modo, “en la obra privada sería deseable establecer un sistema automático de reequilibrio que tenga presente el sobrecoste al que tiene que hacer frente la empresa por el incremento desproporcionado de precios en las últimas semanas/meses y que no se corresponde con los precios de la oferta cuando se presentó”.
Francia e Italia ya han tomado medidas
Por último, desde CNC confirman que países de nuestro entorno como Francia e Italia han adoptado ya medidas para paliar los efectos de esta volatilidad en los precios de los materiales en los contratos de obra pública. Entre ellas se contemplan mecanismos como la solicitud de compensación cuando el incremento de precios de los materiales supere el 8%, la creación de un fondo de 100 millones por si el órgano de contratación no dispone de recursos económicos para hacer frente al incremento, la revisión de los plazos de ejecución por el retraso en el suministro de estos materiales, la no imposición de sanciones por no poder cumplir con los plazos por estos motivos o respetar los plazos de pago para que las administraciones se comprometan a realizar los pagos en el plazo estipulado.
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