El Govern inicia la preparación de los presupuestos generales para 2022

El Govern de les Illes Balears inicia el proceso de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2022 con el reto de que las nuevas cuentas se encaminen a reforzar el modelo de seguridad sanitaria y protección social, a continuar impulsando la recuperación social y económica y a acelerar el proceso de transformación estructural, principalmente vinculado a los nuevos fondos europeos, en un contexto condicionado por las consecuencias y las necesidades derivadas de la pandemia de la COVID-19.

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha firmado la orden por la cual se dictan las normas para la elaboración de los nuevos presupuestos y que ha sido publicada este sábado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). El Govern empieza la preparación de los presupuestos para avanzar en este proceso en un escenario presupuestario pendiente de la concreción del marco de reglas fiscales para el año próximo y de las previsiones estatales de distribución de recursos del sistema de financiación autonómica.

En un contexto marcado por la COVID-19 y sus consecuencias en diversos ámbitos, los presupuestos se inician desde la convicción de la importancia de disponer de un “sector público robusto, eficiente y eficaz para poder responder a las expectativas de bienestar y progreso, en armonía con nuestro entorno”, y de mantener la acción coordinada y la cohesión social mostradas hasta ahora ante la amenaza común de la pandemia; y teniendo en cuenta también que se deberán mantener “el refuerzo y la priorización de las políticas públicas orientadas a la plena recuperación económica y social”.

El Govern considera que las finanzas autonómicas continuarán afectadas de manera directa y significativa por la pandemia en el 2022 y también por otras circunstancias derivadas de la COVID-19 de forma indirecta, y que el escenario presupuestario está condicionado por varios factores. Por un lado, se tienen que concretar las reglas fiscales y la posibilidad de posponer nuevamente su aplicación estricta a las administraciones públicas del Estado, una vez la Comisión Europea ha propuesto mantener activada la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el año 2022.

Y por otro lado, se tienen que comunicar las previsiones del sistema de financiación autonómica para el año próximo, cuestión sobre la que el Govern defiende que se apliquen medidas compensatorias para neutralizar el impacto negativo que la liquidación de 2020 pueda tener en 2022. Hasta ahora, la Administración del Estado, a cargo de un mayor endeudamiento público estatal, ha adoptado medidas extraordinarias que han permitido mitigar el impacto sobrevenido de la pandemia en las finanzas autonómicas.

Tal como recoge la orden, diversos factores condicionan el escenario presupuestario, como el nivel de ingresos tributarios vinculados a la recuperación económica y laboral, el nivel de gastos estructurales y el alcance de las nuevas medidas de apoyo fiscal y financiero a adoptar por parte del Gobierno de España, las cuales han resultado determinantes desde el inicio de la pandemia el año pasado.

Así, el plan proyectado en los presupuestos actuales de la CAIB para 2021 también ha resultado fundamental para atender los dos objetivos principales marcados para hacer frente a la COVID-19 este año, como son el refuerzo de las políticas de bienestar social y el impulso de la reactivación de la actividad económica. Este año se han producido dos hechos especialmente significativos: el fondo estatal extraordinario que ha permitido activar la línea de ayudas directas a empresas y autónomos de las islas de 855,7 millones y el despliegue del instrumento de los nuevos fondos europeos Next Generation EU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Este nuevo escenario a nivel europeo y estatal genera “oportunidades” de transformación y reorientación hacia una economía “más sostenible, inclusiva y generadora de valor social”, un reto que el Govern asume con el objetivo de favorecer una “época de gran dinamismo económico y social”. “Más allá de los hitos macroeconómicos, el principal reto público consistirá en asegurar que la recuperación tenga efectos redistributivos y se extienda a todos el ámbitos de nuestra sociedad, reduciendo las graves desigualdades sociales preexistentes y sobrevenidas por la pandemia, y desplegar decididamente la estrategia balear contra el cambio climático”, apunta la orden de la consellera.

Esta orden regula la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos y también establece que las administraciones, los organismos públicos y sus entes instrumentales continúen velando para incorporar la perspectiva de género en sus políticas. Como los últimos años, también se tiene que promover una evaluación integral de todas las políticas relacionadas con la infancia; y se prevén instrumentos de participación ciudadana que incorporó la Ley 12/2019 de consultas populares y procesos participativos.