Actualizado el 30/04/2021 13:17 Compartir
El Govern de les Illes Balears, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, ha presentado este viernes alegaciones a la disposición adicional cuarta en lo referente a la modificación de la disposición transitoria octava del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
Así, el Govern considera que la moratoria de nuevos puntos de conexión introducida por el Real Decreto 1183/2020 plantea un riesgo importante de ejecución de una buena parte de los proyectos que han solicitado la financiación e impone una paralización de los trámites a todo tipo de proyectos, que no pueden ni siquiera iniciar su tramitación administrativa y ambiental, lo que es especialmente grave para aquellos que aspiran a obtener apoyo a la inversión mediante los programas SOLBAL, puesto que el plazo de ejecución es a finales de 2022.
En este sentido, el objetivo del Govern con estas alegaciones es que los proyectos de hasta 5 MW en regímenes no peninsulares estén excluidos de la moratoria existente y se pueda evitar así un cuello de de botella en las solicitudes de conexión a la red de distribución con el levantamiento de la moratoria.
Hay que señalar que las limitaciones territoriales de las Illes Balears y el alto grado de protección medioambiental y territorial han dado lugar a una normativa que facilita la tramitación de proyectos pequeños y dificulta la de los proyectos mayores. Por todo ello, el proyecto medio de energías renovables que se tramita y ejecuta en las Illes Balears es una instalación solar fotovoltaica de 5 MW que evacua en red de distribución.
El vicepresidente del Govern , Juan Pedro Yllanes, ha aseverado que con estas alegaciones «pedimos una especificidad insular, puesto que como islas tenemos un índice de penetración de energías renovables muy menor que en la Península y, por lo tanto, no podemos estar esperando a que salgan las cuantías de los puntos de conexión». Asimismo, ha añadido que «en las Illes Balears no hay especulación con las energías renovables puesto que el modelo es de proyectos pequeños y no nos podemos permitir que la falta de toma en consideración de la insularidad paralice un sector clave en la lucha contra el cambio climático y la recuperación económica. El objetivo es acelerar la transición energética llegando a un 25 % de energías renovables en 2023 a través de la democratización de la energía», ha recordado.
En este sentido, desde la Vicepresidencia se ha instado a incluir dos nuevos párrafos finales de la disposición transitoria octava con la siguiente redacción:
Por su parte, el director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, ha indicado que «reclamar un régimen específico para territorios insulares es clave para acelerar la transición energética en las islas, puesto que estamos lejos de los porcentajes de penetración de energías renovables de la Península. Necesitamos marcos regulatorios diferentes, y este no es un caso excepcional».
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó a finales del año 2020 una moratoria para puntos de conexión a la red tanto para nuevos consumidores como para nuevos productores, puesto que había una alta especulación de altos parques que solicitaban mucha potencia de punto de conexión. Sin embargo, esta especulación no se produce en las Illes Balears. Asimismo, otro factor de esta moratoria que afecta a las Illes Balears es el hecho de que, a nivel de autoconsumo fuera de urbano, no se puede solicitar este punto de conexión que podría llevar a verter los excedentes en la red.
En palabras del director gerente del Instituto Balear de la Energía, Ferran Rosa, «la moratoria actual bloquea proyectos como el de Trepuconet, con un alto interés social y ambiental. El levantamiento de la moratoria para los proyectos pequeños es fundamental para un correcto desarrollo de las renovables en las Islas Baleares».
El Plan Nacional de Energía y Clima, así como la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de Cambio Climático y Transición Energética, fijan objetivos muy ambiciosos a medio y largo plazo respecto de la penetración de energías renovables. Atendiendo a criterios de garantía de suministro y corresponsabilidad en la carga del impacto de las infraestructuras que se deriven de la mayor penetración de energías renovables, es necesario garantizar que la mayor penetración de energías renovables se da de manera homogénea a lo largo del territorio nacional, siendo especialmente relevante que estas se implanten de manera importante en los territorios insulares.
A pesar de los esfuerzos legislativos, históricamente las Illes Balears han encontrado dificultades para conseguir una alta penetración de energías renovables, especialmente debido a las dimensiones de los proyectos que la propia geografía de las islas impone y que dificulta, a su vez, la consecución de economías de escala. A este hecho se le suma el alto coste del suelo rústico en nuestro territorio, que se ve agravado de manera notoria en Ibiza y en Formentera, así como los costes adicionales de traslado de materiales y equipos.
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