Actualizado el 13/06/2024 17:41 Compartir
“La insularidad es una desventaja permanente que afecta todo el tejido empresarial y, en especial, a las empresas industriales y, en este caso, las ayudas al transporte marítimo con origen o destino en nuestras islas están sujetos al reglamento de minimis de la Unión Europea”, ha añadido.
“Pese a que la Constitución Española ya reconoce se debe tener en cuenta el hecho insular a la hora de establecer un adecuado y justo equilibrio respecto de los demás territorios, la realidad es que hace tiempo que se reivindican cambios en este reglamento, que perjudica a las empresas de Balears”. Así, ha recordado que “no se trata de una petición exclusiva del Govern balear de Prohens, que sigue sin respuesta por parte del Gobierno, sino también de la sociedad civil a través de una plataforma conformada por agentes sociales y económicos como los círculos de economía de todas las islas, la Cámara de Comercio de Mallorca, PIMEM, CAEB, UIB y sindicatos, entre otros”, ha expuesto.
Por su parte, Torres ha recordado que “en noviembre de 2023, aprovechando que Sánchez asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea, estas entidades pidieron al Govern que, conjuntamente con el Gobierno de España, reclamaran ante la Unión Europea la flexibilización del reglamento de minimis, que limita las ayudas al sector empresarial balear, y de esta forma maximizar el impacto de las medidas fiscales del REIB. En definitiva, se pedía una regla de minimis específica para las islas que no son ultraperiféricas y que, por ejemplo, las ayudas al transporte de mercancías quedaran exentas de los límites aplicables de la norma general”.
“El mayor desafío al que se enfrentan las empresas de Balears radica en el límite máximo de ayudas establecido en el reglamento de minimis, que fue aumentado a 300.000 euros, pero sigue siendo excesivamente restrictivo para las empresas que exportan en Balears, afectando negativamente a su competitividad”, ha añadido el senador popular.
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