El Govern comienza a desplegar la colaboración social administrativa para agilizar los trámites a los ciudadanos

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se ha reunido hoy con representantes de los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las principales organizaciones empresariales de las Illes Balears para presentar el despliegue de la colaboración social administrativa prevista en la Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos simplificación y racionalización administrativas.

Durante la reunión, el vicepresidente expuso la hoja de ruta que sigue el Govern para poner en marcha esta nueva figura, concebida para facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración, reducir cargas burocráticas y agilizar la tramitación administrativa mediante la colaboración de los colegios profesionales, las cámaras de comercio y otras entidades.

«Venimos de un contexto en el que las Entidades Colaboradoras Urbanísticas están demostrando que es posible reducir plazos y agilizar la tramitación administrativa sin mermar las garantías jurídicas. Este modelo, impulsado por el Govern de les Illes Balears, está funcionando en ayuntamientos de todos los colores políticos, y ahora queremos aprovechar esta experiencia de éxito para extender la colaboración al resto de la Administración autonómica», ha expuesto el vicepresidente.

En este sentido, Costa ha explicado que las entidades interesadas en obtener el reconocimiento como entidades colaboradoras o como entidades habilitadas para llevar a cabo transacciones electrónicas y otras actuaciones administrativas tendrán que solicitarlo a través del correspondiente procedimiento telemático. Actualmente, la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) trabaja en el desarrollo de esta plataforma para que pueda entrar en funcionamiento próximamente.

Paralelamente, las distintas Conselleries del Govern están identificando los procedimientos administrativos susceptibles de incorporar este modelo de colaboración social administrativa, con el objetivo de que cada vez más trámites puedan gestionarse de forma más ágil y sencilla.

Durante el encuentro, también se ha informado de que el reconocimiento de las entidades habilitadas requerirá la previa suscripción de un convenio con la Administración, documento sobre el que el Govern ya trabaja para que las primeras adhesiones se puedan formalizar tan pronto como sea posible.

A la reunión asistieron representantes de los principales colegios profesionales, las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales de las Illes Balears. Entre otros, han participado el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de las Illes Balears, el Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears, el Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de las Illes Balears, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, el Colegio Oficial de Economistas, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de las Illes Balears, el Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de las Illes Balears, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de las Illes Balears, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Menorca, el Colegio Oficial de Aparejadores de Eivissa y Formentera, el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y Grados, el Colegio de Administradores de Fincas, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas, así como representantes de las cámaras de comercio de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera, la CAEB y PYME Baleares.

«Los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales son aliados imprescindibles para construir una Administración más ágil, más cercana y más eficiente. Su experiencia será clave para que este nuevo modelo sea útil desde el primer día», ha afirmado Costa.

Con esta actuación, el Govern sigue implantando las herramientas previstas en la Ley 4/2026 para construir una Administración más ágil, más eficiente y más cercana a los ciudadanos, reduciendo la burocracia sin renunciar a las garantías jurídicas ni a los mecanismos de control.