Actualizado el 24/06/2021 17:35 Compartir
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que estas iniciativas van a permitir atender de forma temporal un asunto sensible para los hogares y el tejido productivo "en un momento de recuperación donde queremos que todos los esfuerzos se centren en volver a tener las tasas de crecimiento que teníamos antes de la pandemia".
El Real Decreto-ley aprobado reduce el IVA desde el 21% al 10% desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021 a los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW, siempre que el precio medio aritmético del mercado mayorista de la electricidad correspondiente al mes anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 euros por MWh. En concreto, permitirá reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas, y generará un ahorro 857 millones de euros.
Montero ha señalado que la potencia media contratada por los consumidores domésticos está alrededor de 4,1 kWh, por lo que "la práctica totalidad de los hogares españoles se verán beneficiados por esta medida, y verán incrementada su renta disponible".
El 72,5% de los contratos de suministro de empresa y de negocio también tienen una potencia contratada inferior a 10 kWh. Dado que en este sector el IVA se cobra y posteriormente se deduce, la rebaja del IVA aliviará tensiones de tesorería.
El 10% de IVA se aplicará a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social (50% de los beneficiarios del bono social) hasta final de año, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado, lo que beneficiará a más de 612.000 hogares.
Por otro lado, la nueva norma suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) entre julio y septiembre, prorroga hasta el 31 de diciembre de la protección de los sectores estratégicos de la economía frente a la compra de compañías extranjeras y eleva de 5,4 a 12,4 millones el límite de la deducción en el Impuesto sobre Sociedades por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha resaltado que el Real Decreto-ley incluye nuevos mecanismos de control, solvencia y cobertura en la instalación de renovables para atenuar la "creciente preocupación en algunos territorios ante su despliegue". Los concursos que se celebren para conceder el acceso a la red eléctrica podrán ponderar a partir de ahora elementos como la generación de empleo o la reinversión de los beneficios en las zonas de los futuros proyectos, así como la sensibilidad ambiental del emplazamiento.
Asimismo, se regula la generación eléctrica en el mar territorial para dotar de mayor seguridad jurídica al sector. Ribera ha anunciado que en los próximos meses se ampliará la normativa sobre la energía eólica offshore.
La vicepresidenta ha asegurado que las medidas adoptadas hoy son la continuación del trabajo del Gobierno de estos tres últimos años para transformar el sistema energético, cumplir los objetivos climáticos y abaratar la factura de la luz: "Nuestro compromiso desde el primer día es poder contar con energía limpia y una factura eléctrica con precios asequibles y previsibles para todos los consumidores".
El modelo, ha dicho, busca la eficiencia en el consumo de la energía, un mejor funcionamiento del mercado, una mayor capacidad de atractivo para actores diferentes y una mejor distribución y conectividad del sistema energético.
Ribera ha destacado la adopción de más de 50 medidas estratégicas, normativas y de planificación, como el impulso a las energías renovables -la forma más barata de generar electricidad- a través de diferentes líneas de ayuda o un nuevo modelo de subastas que permite trasladar de forma directa a todos los consumidores los ahorros que genera la producción renovable.
"Si comparamos el precio al que se adjudicó la última subasta con los precios actuales de la electricidad, hay más de un 70% de diferencia en el precio adjudicado con respecto a los costes de hoy", ha puesto como ejemplo. La electricidad generada con combustibles fósiles, que representaba algo más del 25% en el año 2018, se ha reducido entre el 10 y el 12% en 2021, lo que significa que ha disminuido el peso de la parte energética más cara en el sistema eléctrico.
No obstante, "hay circunstancias que exceden de la capacidad de acción del Gobierno como la evolución de los precios de las materias primas y los mercados", ha afirmado. Actualmente hay un incremento exponencial de la demanda de gas natural en los mercados asiáticos, en particular China y Japón, lo que repercute en el alza de los precios en el mercado europeo y en un incremento muy notable del precio del CO2.
Los mercados de electricidad en Europa están ahora viviendo precios parecidos, algunos incluso superiores a los de España, ha explicado Ribera, quien se ha mostrado optimista respecto a que la progresiva penetración de renovables permitirá un precio más competitivo en nuestro país. Los mercados de futuros indican que rondará los 68 euros por MWh en 2022 y los 54 euros por MWh en 2023, quedando por debajo de mercados vecinos como los de Francia y Alemania.
Ribera ha reiterado la apuesta por el autoconsumo y el impulso a la utilización de energías renovables y la implantación de medidas de eficiencia energética en los hogares y la industria. A este respecto, ha señalado, el Gobierno adoptará en breve otro paquete de medidas de acompañamiento de más de 1.320 millones.
La creación del bono térmico, medidas sociales contra la pobreza energética en los hogares más vulnerables y favorecer que la factura de la luz refleje el consumo real, han sido también acciones puestas de relieve por la ministra.
Respecto a la industria, la vicepresidenta ha destacado el esfuerzo para reducir sus costes energéticos -con 179 millones para compensar CO2 y 350 para inversiones-, la aprobación del estatuto de los consumidores electrointensivos, la tramitación parlamentaria de la Ley de creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y el anteproyecto de Ley para repartir entre todos los consumidores el dividendo que reciben las centrales no emisoras de carbono por el coste del CO2.
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