Actualizado el 12/03/2021 18:37 Compartir
El director general de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha presidido esta mañana la Comisión Territorial de Seguros Agrarios. Una reunión que se tuvo que suspender hace un año a causa de la pandemia y que hoy se ha podido celebrar. Han participado representantes de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), Delegación del Gobierno, Agroseguro, el Consorcio de Compensación de Seguros, las organizaciones profesionales agrarias de las Baleares y las cooperativas.
Fernández, a la salida de la comisión, ha querido manifestar la importancia que tiene ésta para la consejería: «La hemos reactivado como consejería después de seis años porque tenemos claro que esta herramienta es muy importante y tenía que funcionar», ha dicho en referencia a los seguros agrarios. El objetivo principal de la reunión era, según el director general, «parar y hacer una revisión de cómo están funcionando los seguros en Baleares y que nos pusiéramos a hacer trabajo en un sentido distinto».
Los acuerdos que se han tomado en la reunión han sido poner en marcha dos grupos técnicos de trabajo. El primer grupo estudiará las posibilidades que da el Real decreto Ley 4/2019 de 22 de febrero que regula el Régimen Especial de las Islas Baleares, porque este «nos da un marco jurídico adecuado para que la política de seguros se adapte mejor y nos bonifique de manera especial por el hecho insular. El ministerio y Agroseguro están de acuerdo y miraremos las posibilidades», ha asegurado Fernández.
Por otro lado, un segundo grupo que estudiará todas las líneas de seguros agrarios que tiene contratadas la consejería y que «trabajará para adaptarlas a las condiciones reales de producción, para que realmente sirvan en aquellos momentos donde el agricultor ve que pierde sus cosechas por diferentes fenómenos». Esta adaptación, según el director general, consistirá en revisar los rendimientos de producción, los precios o las condiciones en que se producen los cultivos o el caso de la Xylella en los almendros.
El director general ha querido recordar también que los seguros agrarios en el Estado español son una política pública -el único país que la tiene en Europa- desde hace más de 40 años, a través de la cual el Estado y las Comunidades Autónomas subvencionan una parte de la prima de los seguros que contratan los agricultores y ganaderos, y «tenemos la obligación de que funcione bien y que se adapte a cada una de las realidades del territorio». Además, ha añadido, «en un contexto donde el cambio climático es un factor determinante, ayudan a afrontar y a prever las posibles adversidades climáticas y ayudarlos con las rentas agrarias».
Durante la reunión también se ha hecho un repaso de la situación de los seguros agrarios en las islas. En 2020 había contratadas en Baleares 620 pólizas de seguros. Se declararon 432 siniestros con un total de más de 1,4 millones otorgados en indemnizaciones, medio millón más que en 2019. La contratación y la implantación de los seguros agrarios es muy escasa en las Baleares, siguiendo una tendencia a la baja desde hace diez años.
Por último, se ha acordado que desde la Consejería se activará el grupo en el cual también participarán las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias de las Baleares. Este grupo trabajará de forma técnica y conjuntamente durante los próximos seis meses, y una vez pasado este plazo, se convocará una nueva comisión para el último trimestre de 2021.
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