Acto del Govern con motivo de los 25 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos

Ayer martes tuvo lugar en Ca n'Oleo (Palma) un acto organizado por la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos de la Dirección General de Política Lingüística con motivo de los 25 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. El acto también se pudo seguir online a través de Internet. Intervinieron el sociolingüista ibicenco Isidor Marí, que estuvo directamente implicado en la elaboración de la Declaración, y el filólogo vasco Paul Bilbao, uno de los promotores del Protocolo de Donostia, un mapa de ruta para garantizar los derechos reconocidos en la Declaración.

Marí constató la plena vigencia de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos y su valor como referente mundial y como expresión de un imperativo ético que tiene que inspirar la actuación de todos los poderes públicos y todos los comportamientos corporativos y personales, y señaló que la protección efectiva del ejercicio de los derechos lingüísticos es uno de los mejores indicadores de la calidad de un sistema democrático. Por su parte, Bilbao explicó la naturaleza y la finalidad del Protocolo, integrado por 185 medidas para la garantía de los derechos lingüísticos de las comunidades minorizadas, y subrayó la importancia de la acción combinada de las instituciones y de la sociedad civil para promover el uso social de la lengua.

El conseller de Fons Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, fue el encargado de cerrar el acto, al cual también asistieron la secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Agustina Vilaret, y la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, además de responsables políticos otras instituciones. En las palabras de conclusión, Miquel Company remarcó la validez de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos porque “desde el rigor intelectual y el espíritu democrático, traza unas líneas maestras para gestionar la complejidad lingüística de las sociedades a partir del respecto de los derechos lingüísticos de los hablantes”. El consejero también señaló que la comunidad de lengua catalana, como comunidad lingüística histórica de las Islas Baleares, es lejos de tener garantizada la plenitud de los derechos lingüísticos que prevé la Declaración. En este sentido, remarcó que “tiene que ser un compromiso indefugible de la sociedad en general, y sobre todo, por mandato estatutario, de los poderes públicos de la comunidad autónoma, actuar para garantizar la plenitud de estos derechos”.

La Declaración fue proclamada en Barcelona en 1996 en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos. Promovida por el PEN Club y por el CIEMEN, con el apoyo de la UNESCO, en la redacción de la Declaración participaron cerca de 150 ONG y expertos en derecho lingüístico de todo el mundo. Aunque no tiene carácter jurídico vinculante, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos es un documento de referencia en el ámbito internacional. Se despliegan conceptos básicos, como la noción de lengua propia o las distinciones entre comunidad lingüística y grupo lingüístico, entre derechos individuales y derechos colectivos, entre integración y asimilación, etc. La Declaración aborda la necesidad de articular los derechos lingüísticos de comunidades, grupos y personas que comparten un mismo espacio, de forma que sea posible la convivencia entre todos y se garantice la diversidad lingüística y cultural, en un marco en que no se ponga en riesgo la continuidad de ninguna comunidad lingüística.