La Guardia Civil ha realizado 7 inspecciones en parcelas rústicas de Mallorca por vertidos de residuos

La Guardia Civil a través del SEPRONA ha llevado a cabo 7 inspecciones en terrenos rústicos pertenecientes a los municipios de Palma, Marratxí, Santanyí, Muro, Llucmajor y Capdepera, por sospechas de que se hubieran vertido residuos procedentes de obras y demoliciones.

Las inspecciones se realizaron conjuntamente con el Servei de Residus de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia y en los casos de los terrenos ubicados en Palma y Marratxí con responsables de las áreas de urbanismo y actividades de cada Ajuntament.

A lo largo de la investigación que desembocó en las inspecciones, los agentes del SEPRONA descubrieron que una vez eran generados los residuos en obras de construcción, estos en lugar de transportarse a un gestor autorizado, acababan sin la obligatoria trazabilidad en parcelas rústicas, donde eran almacenados, vertidos o triturados ilegalmente, incluso observaron en algunas parcelas el enterramiento de los escombros. Así mismo, verificaron que la mayoría de los residuos procedían de obras sin licencia urbanística, por lo tanto, sin control de la Administración para el seguimiento de los mismos.

Los guardias civiles e inspectores de la Consellería localizaron grandes cantidades de residuos acopiados ilegalmente en suelo rústico. Cabe recordar que el propietario de la parcela, según establece la normativa, sería el poseedor de los escombros, y es el responsable de gestionarlos debidamente mediante la entrega a un gestor autorizado, e incurriendo en las infracciones correspondiente por la deficiente gestión de los residuos.

De la misma manera, se han tramitado denuncias por la carencia del título habilitante para ejercer actividades comerciales o industriales en parcelas rústicas por parte de las empresas y personas infractoras, que conlleva como medida cautelar la paralización de la actividad. La Guardia Civil informa que las parcelas sobre las que se vierten o entierran residuos de la construcción, pueden declararse según la normativa como suelos contaminados, por contener la mayoría de las veces fibrocemento con amianto (residuo catalogado como peligroso), derivándose las obligaciones de descontaminación y recuperación por los responsables de los enterramientos ilegales.

Tras los informes periciales solicitados, así como con próximas prospecciones y muestreos de los terrenos, si los agentes acreditan que existe riesgo o afectación del suelo, subsuelo o de la masa de agua subterránea por los vertidos ilegales de residuos contaminantes, se procederá a investigar a los responsables como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente.

Por el momento, los infractores se enfrentan a sanciones de 2.001 a 600.000 euros.

Esta campaña de inspecciones continuará en próximas fechas, en otras localidades de la isla, debido al aumento de estas conductas incívicas.