La Policía Nacional detiene a cuatro personas que aseguraban poder anular sanciones interpuestas en temas urbanísticos

Agentes de la Policía Nacional en Palma, procedieron a la detención de Palma ha procedido a la detención de cuatro personas como presuntos autores de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos idearon una trama delictiva en la que aseguraban falsamente tener contactos dentro de la Agencia de Defensa del Territori de Mallorca (ADT), perteneciente al Consell de Mallorca, que les permitían anular sanciones impuestas por dicho organismo como consecuencia de la resolución de los expedientes abiertos por la comisión de infracciones urbanísticas en fincas de la isla.

Mediante este engaño, los detenidos habrían logrado que varias personas que habían sido sancionadas por la ADT por infracciones urbanísticas en fincas de su propiedad les entregasen diversas cantidades de dinero con el supuesto objetivo de que los integrantes de la trama delictiva les anulasen las sanciones impuestas.

Hasta la fecha y a falta de poder identificar a más víctimas, se ha podido constatar que el dinero obtenido por los detenidos ha alcanzado más de 370.000 euros.

La investigación se inició como consecuencia de una denuncia interpuesta por una de las víctimas, la cual al ser conocedora de que se le había interpuesto una sanción por haber realizado unas obras en suelo rústico y, a través de unos conocidos suyos, se puso en contacto con uno de los presuntos autores de la trama, quién ejercía fundamentalmente las funciones de captador y de recaudador.

Esta persona realizaba la entrega el dinero recibido a otro de los detenidos quien, a su vez, sería el encargado de gestionar el asunto con el contacto que aseguraba tener dentro de la ADT.

Otro de los detenidos, en su calidad de arquitecto y en representación de las víctimas, llevó a cabo algunas gestiones de trámite ante la Administración a fin de aparentar ante éstas que el dinero invertido se estaba dedicando a obtener la cancelación de la sanción. Sin embargo, tras analizar los expedientes por infracción urbanística abiertos contra las víctimas, los agentes pudieron comprobar que las gestiones practicadas por esta persona, eran más un gesto de cara a la galería que un intento real de anular las sanciones impuestas, puesto que, en realidad, las sanciones de la ADT ya eran firmes y ya no cabía recurso alguno.

En lo que respecta al otro detenido, habría utilizado una cuenta bancaria a nombre de una mercantil de la que es administrador único para captar dinero de una de las víctimas.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, quienes han llevado la investigación, han concluido que los detenidos se habrían aprovechado de la situación límite, tanto económica como mental, a la que estaban sometidas las víctimas para convencerlas para que realizasen los pagos que estos le solicitaban, dado que alguna de las sanciones impuestas por la ADT alcanzaba, además del derribo total de las obras realizadas, el pago de una multa de más de 500.000 euros.

Además del perjuicio económico sufrido por la entrega del dinero, las víctimas también se han visto perjudicadas por la nula actividad desempeñada por los detenidos quienes, en todo momento y durante toda la tramitación de los expedientes, les aseguraban que no se preocupasen que iban a poder anular las sanciones, por lo que las víctimas les creyeron pensando que todo se iba a solucionar y se desentendieron del asunto.

Esto ha generado que las víctimas no solo no hayan podido beneficiarse de posibles reducciones en la cuantía de la multa por pronto pago, sino que además, han llegado a producirse en su contra intereses de demora, así como también alguna de ellas se han visto sometida a embargos por no haber hecho frente a los pagos de las sanciones.