Actualizado el 16/11/2019 11:28 Compartir
Fruto del patrullaje activo en redes sociales por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, en el año 2017 se detectó una página de Facebook que en ese momento contaba con más de 1.700 seguidores y en la se ofertaba el acceso a canales de televisión de pago y vídeos bajo demanda de manera ilícita.
La actividad desarrollada por el grupo consistía en la obtención legal de la señal emitida por parte de las principales plataformas de televisión de pago, para posteriormente subir fraudulentamente dicha señal a servidores en el extranjero de diferentes compañías. A su vez desarrollaban una actividad paralela destinada a dar publicidad a sus servicios, difundiendo sus ofertas y captando clientes, a los que facilitaban el acceso a los contenidos alojados en los servidores a un precio muy inferior al de mercado, empleando para ello software destinado al alojamiento de listados de canales y guías de acceso a los mismos.
Dos niveles: los encargados de la logística y los “resellers” o revendedores
Las gestiones realizadas permitieron identificar a los 12 miembros que formaban el entramado investigado y que se encontraban divididos en dos niveles. Un primer escalón formado por cuatro personas encargadas de la obtención de la señal televisiva y su posterior difusión ilegal, dar publicidad al servicio que prestaban, captar clientes, facilitar y gestionar sus accesos, así como cobrarles, principalmente a través de plataformas digitales de pago. Un segundo nivel estaría formado por ocho miembros denominados “resellers” o revendedores, cuya principal actividad consistía en adquirir los servicios integrantes del primer nivel a un coste reducido -derivado del elevado volumen de compra- para posteriormente comercializarlos entre sus clientes.
El número total de clientes de la organización desarticulada asciende a 20.000 en España y otros países, que les habría reportado un beneficio económico superior al millón de euros, con una inversión en soporte técnico que habría ascendido a cerca de 70.000 euros.
Tras dos años de investigación se procedió a la detención de los 12 integrantes de la trama. Además se realizaron 13 entradas y registro en domicilios e inmuebles de Madrid, Toledo, La Rioja, Ávila, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid, entre los que se encontraba un local comercial destinado a la venta y comercialización de servicios de televisión e Internet. En esta operación se han cerrado un total de siete páginas web y dos perfiles de redes sociales, donde se anunciaban los servicios ilícitos. Además se han intervenido numerosos efectos, entre los que cabe resaltar 86 decodificadores de señal de televisión, 15 discos duros, 10 ordenadores, 17 teléfonos móviles, un vehículo de alta gama, 11 pendrives, dos servidores NAS y 22.919 euros.
A los detenidos se les imputan delitos contra la propiedad intelectual, industrial, relativos al mercado y los consumidores, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
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