Los seis acusados por explotar sexualmente a mujeres no llegan a un acuerdo con Fiscalía y serán juzgados en septiembre

El juicio contra una banda dedicada a traer mujeres de Nigeria a Mallorca para explotarlas sexualmente se celebrará el 7 de septiembre después de que este miércoles las defensas no hayan llegado a un acuerdo con Fiscalía en la vista celebrada en la Audiencia.

El juicio, originalmente señalado para el pasado lunes, tuvo que ser aplazado debido a la renuncia del abogado de la principal acusada. Para garantizar su derecho a la defensa, el Tribunal concedió un aplazamiento y citó a las partes a una nueva vista este miércoles para ver si se negociaba un acuerdo de conformidad que hubiera evitado la celebración del juicio.

En este juicio están acusadas seis personas -cuatro mujeres y dos hombres- y la Fiscalía solicita penas que suman conjuntamente más de 50 años de cárcel.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, la principal acusada, una mujer de 33 años y nacionalidad nigeriana, gestionaba los viajes de las víctimas, una de ellas menor de edad, y, una vez en Mallorca, las obligaba a prostituirse en la zona de Playa de Palma.

La Fiscalía explica en su escrito que las mujeres eran traídas al margen de los cauces legales y se les obligaba a prostituirse con el pretexto de pagar la deuda adquirida por el viaje. Además, se les amenazaba diciéndoles que les harían daño a ellas o a sus familias mediante vudú u otras prácticas si no accedían a sus pretensiones.

Algunas de las víctimas han sido testigos protegidos en la causa. Tras una intervención policial, la principal acusada fue detenida y puesta en libertad provisional, tras lo cual se puso en contacto por teléfono con una de las víctimas y le dijo que le iba a pegar por haber declarado ante la Policía.

La testigo fue víctima de un ataque por parte de otra acusada, que seguía las instrucciones de la cabecilla, y también sufrió más amenazas por teléfono.

Por todo ello, el fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de trata de seres humanos, prostitución de menores, y obstrucción a la justicia, entre otros.

Por esto, pide a la cabecilla más de 25 años de cárcel y una multa de 5.400 euros.