El funcionario acusado de amenazar al 'Ico' en prisión dice que tenía 'mínimo contacto' con los internos

El funcionario de prisiones enjuiciado por presuntamente amenazar al 'Ico' en la cárcel ha negado este jueves dichas acusaciones y ha afirmado que tenía "mínimo contacto" con los internos, lo que incluye tanto al 'Ico' como a los policías locales presos.

Así se ha expresado el funcionario, Pedro Talavera, durante el interrogatorio en el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 1 de Palma, y en el que también está acusado el agente de la Policía Local Jaime Garau. Ambos se enfrentan a una petición de condena de seis años cada uno por un presunto delito de obstrucción a la Justicia y otro contra la salud pública.

Talavera ha insistido en que Garau era "un interno más", que no eran amigos y que no lo conoce. Sabía que estaba con el resto de policías locales internos, que prácticamente residían en el módulo de ingresos porque la prisión no dispone de un módulo especial para albergar a estos presos sin tener contacto con el resto. Por ello, era "imposible" para los policías locales internos acceder al 'Ico'.

Del mismo modo ha indicado que no tuvo "ningún contacto" con el 'Ico' más allá del "meramente laboral y profesional". Además, ha dicho que este interno "ha amenazado a muchos funcionarios".

El funcionario ha definido al 'Ico' como un preso "conflictivo" que "se altera cuando le niegan tabaco" y "se frustra con facilidad". Además, ha argumentado que este interno podía conseguir drogas dentro de la cárcel con cierta facilidad "usando su nombre o el de su familia" para "endeudarse".

"Él no necesita pedirnos nada, se abastece de cualquier cosa allí dentro", ha recalcado, en referencia a una presunta entrega de diazepam, trankimazin y hachís como recompensa por firmar una carta expulsando a Garau.

En esta línea, el funcionario ha negado haber amenazado al 'Ico' para que firmara la carta o haberle entregado medicación o hachís. Según su versión, la "historia" del 'Ico' es "infiel de principio a fin".

A preguntas del fiscal, Talavera ha señalado que las cartas se transcriben a ordenador y si bien ha reconocido que tendría la capacidad material para enviar una carta a nombre del 'Ico' ha asegurado que su "ética profesional" se lo impide. "He observado con absoluta pulcritud las normas de los centros en los que he estado", ha defendido.

Paralelamente, el funcionario ha explicado que durante la instrucción se acogió a su derecho a no declarar por recomendación de su abogado y porque desconocía de qué se le acusaba.

LA ACUSACIÓN

La Fiscalía acusa al policía y al funcionario de haberse coordinado para entregar en la cárcel una carta al 'Ico' con el objetivo de que se retractara de sus acusaciones contra Garau.

El 'Ico' había declarado en la macrocausa de corrupción policial por presuntas amenazas y extorsiones de policías locales exigiéndole dinero para evitar que se clausurara su local nocturno de la calle Joan Miró.

El 'Ico' aseguró que Garau le había amenazado diciéndole que si seguía declarando "iba a tener muchos problemas" porque le harían muchos controles e inspecciones y le "pillarían en algún control de alcoholemia o en intervenciones de drogas". También afirmó que el policía le dijo "que tuviera cuidado porque le joderían la vida" y que los policías locales estaban "muy organizados" y podían ir a por él.

Según el fiscal, el segundo acusado, funcionario del centro penitenciario de Palma, se encontraba de servicio en el módulo de ingresos y abordó al 'Ico' en la cárcel para darle una carta y explicarle su contenido, porque es analfabeto.

En esta carta, dirigida al juez Penalva, el 'Ico' se desdecía de lo declarado y por tanto negaba que Garau le hubiera amenazado. Según la Fiscalía, el funcionario de prisiones le presionó para que la firmara y la enviara al Juzgado advirtiéndole de que si no lo hacía "a las malas podría entrar por la noche y ahorcarle" y "que le echaría una manta por encima y lo ahorcaría".

Según este relato, el funcionario quería que el 'Ico' enviara personalmente la carta para que constara documentalmente el módulo desde el que había salido la misma. El 'Ico' firmó la carta pero se negó a enviarla y denunció estos hechos frente al director de la cárcel.

Con todo, la Fiscalía sostiene que los acusados, tras obtener la firma, a modo de recompensa entregaron al 'Ico' diazepam, trankimazin y seis gramos de hachís, por lo que también se les acusa por tráfico de drogas.

Por estos hechos el Fiscal pide para cada uno de los acusados seis años de prisión -dos por el delito de obstrucción a la justicia y cuatro por el delito contra la salud pública--, suspensión de todo cargo o empleo público durante el tiempo de la condena y una multa de más de 22.000 euros.