Una treintena de los miembros del clan de El Pablo, acusados de narcotráfico, aceptará un acuerdo antes del juicio

Una treintena de los acusados dentro del juicio al clan de El Pablo, en el que se pide una pena total de más de 200 años de cárcel por tráfico de drogas, ha aceptado un acuerdo de conformidad por el cual se rebajarán sus penas, tal como se ha convenido este jueves en una vista previa.

Así, la Audiencia Provincial de Palma ha dado un plazo de un mes, que acabará el 27 de noviembre, a los 52 acusados de la organización para terminar de formalizar dicho acuerdo, aunque este, se ha adelantado, no será con todos los acusados y, previsiblemente, se irá a juicio.

Según han explicado fuentes de la Fiscalía, ya se habría alcanzado acuerdo con una treintena de los 52 acusados, aunque no se descarta llegar con más durante estos 30 días de plazo, que también deben servir para plasmar los acuerdos por escrito.

Así, el cabecilla del clan, Pablo Campos Maya, más conocido como El Pablo, habría llegado a un acuerdo -todavía no formalizado- para aceptar los hechos y aceptar una pena de cárcel de cuatro años y medio en vez de los siete que se le pide inicialmente.

Uno de sus dos hijos -ambos regentaban un punto de venta de droga y tenían otras funciones dentro del grupo- también ha aceptado el acuerdo, aunque el otro todavía no, pero sería posible que lo acabase aceptando.

La Fiscalía considera que parte de los acusados funcionaron, al menos desde agosto de 2014 a septiembre de 2015, como una estructura organizada cuya finalidad era el "lucro proveniente de la difusión de sustancias estupefacientes -marihuana y cocaína- a terceras personas".

Así, considera que la agrupación estaba dirigida por El Pablo, "bajo cuyas órdenes se encuentran todos los demás y que es el principal beneficiario de las ventas de estupefacientes" lo que le permitió "irse haciendo progresivamente con la práctica totalidad de las propiedades en varias calles de la Soledad".

Según se explica, en estas calles tenía instalados puntos de venta de drogas, normalmente regentados por familiares suyos, con lo que creó una zona "prácticamente impermeable a la investigación policial" debido a que cualquiera que pasara por esas calles -especialmente la calle Teix- y que "no fuera del grupo o cliente era inmediatamente detectado".