Actualizado el 11/07/2016 15:47 Compartir
Los exgerentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern han aceptado, cada uno, una condena de 14 meses de prisión por delitos de fraude continuado, prevaricación y cohecho tras declararse culpables de haber cobrado, mientras estaban al frente de este organismo público, un total de 50.787 euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.
Los dos exaltos cargos se han sentado este lunes en el banquillo en el marco de una de las piezas separadas del denominado caso Ibatur, centrado en un presunto desvío millonario de fondos públicos y el supuesto amaño de contratos durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) así como bajo el último mandato del Pacte -cuando Unió Mallorquina controlaba la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo-.
Junto a Alabern y Alía han alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet -ha aceptado siete meses de prisión a sustituir por 1.680 euros de multa-, el empresario Kamal Dorai -otros siete meses de cárcel a sustituir por 2.100 euros-, y el publicista Bartolomé Morey -nueve meses y quince días a sustituir también por multa-. Ha sido retirada la acusación contra la mujer de Dorai, Francisca Jaume.
En concreto, tanto Alabern como Alía han hecho frente al pago, a favor del Ibatur, de la cantidad que cobraron en dádivas y que supone el 4 por ciento de los 1,2 millones de euros que facturaron del Govern las empresas beneficiarias de Morey. Del mismo modo, Dorai ha abonado 4.102 euros que percibió de forma fraudulenta de los 157.000 que cobró en total.
Tal y como han reconocido, Alía, Alabern y Bonet aprovecharon las competencias que les conferían sus cargos para resolver expedientes de contratación de manera ilegal y arbitraria con el objetivo de favorecer económicamente a los empresarios acusados. A cambio, obtenían beneficios con los porcentajes que sobre los contratos reclamaban y conseguían".
El pago de estas cantidades y regalos suponía un incremento en la facturación que soportaba el Ibatur puesto que suponía el encarecimiento del precio de la contratación. Los expedientes amañados estaban relacionados con la contratación de servicios de catering y restauración en ferias de promoción turística.
Del mismo modo, después de que Alía renunciase a la gerencia del Ibatur, en julio de 2004, dos meses después constituyó la sociedad Amengual&Pino Consultores, que se vio beneficiada de expedientes de contratación simulados por orden de Alabern y Bonet "en compensación" por su salida de la entidad pública.
Según el acuerdo de conformidad, "no existe documento, informe o memoria escrita que justifique adecuadamente el valor de los servicios pagados". Alía ha hecho frente al pago de los 3.400 euros que percibió de forma irregular a través de su empresa.
El exgerente abandonó su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a la empresa pública en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Govern balear a Moscú, y fue sustituido por Alabern.
Tanto Alabern como Alía se encuentran entre los detenidos en la primera fase policial del caso, que constó de hasta cinco operaciones que se saldaron con más de una veintena de arrestados entre exaltos cargos de PP y UM y empresarios presuntamente implicados en esta trama de desvío de fondos.
El juez instructor de la causa, Pedro Barceló, reactivó asimismo, el pasado mes de mayo, las pesquisas del caso Ibatur y más en concreto en torno a los contratos suscritos por este organismo con la mercantil Match Golf, investigada por los pagos presuntamente irregulares que cobró del Ejecutivo balear y por los abonos que a su vez efectuó a favor de una de las principales sociedades bajo sospecha en la trama Gürtel, Easy Concept Comunicación.
El magistrado solicitó los informes existentes en relación a los contratos suscritos entre el Ibatur, Match Golf y Reial Pula Golf, empresas que promovieron durante el último mandato de Matas el conocido torneo de golf Mallorca Classic, objeto de investigación en este caso.
Los investigadores apuntan al presunto desvío de unos 17 millones de euros con motivo del patrocinio de este evento por parte del Govern, y ello a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar relativas al torneo habitualmente celebrado en s'Era de Pula (Son Servera).
Mediante el convenio de patrocinio, la financiación aportada por el Ibatur fue, en concreto, de 1,1 millones de euros en 2003; 2,3 millones en 2004; 3,4 millones en 2005, y 9,2 millones en 2006 y 2007. Sin embargo, el material justificativo por parte de estas empresas no llegó a ser presentado en la forma estipulada como tampoco factura alguna que justificase en qué se gastó el dinero, tal y como arrojan las pesquisas.
Match Golf es sólo una de las numerosas empresas investigadas en esta causa, puesto que a través del continuo fraccionamiento de contratos que entre 2005 y 2007 efectuó el Ibatur para que pudieran ser adjudicados de forma directa se habrían visto favorecidas hasta unas 70 mercantiles.
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