El juez que investiga la trama de la Policía Local advierte de nuevos hechos delictivos en otra zona de Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha acordado prorrogar un mes más el secreto de las pesquisas en torno a la presunta trama de corrupción urdida en el seno de la Policía Local en forma de extorsiones y amenazas con la connivencia de diversos cargos públicos, principalmente en la Playa de Palma, al apuntar a la comisión de nuevos actos delictivos en otra zona de la capital balear.

Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado señala que "últimamente se ha contado" con informaciones que apuntan a esa posibilidad, e incide en cómo las investigaciones revelan la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho "cometidos por numerosos policías locales señalados con nombres y apellidos".

Como ya lo hiciera en la última resolución con la que decidió prorrogar el sigilo sumarial, el magistrado advierte de que algunos de los nuevos hechos revelados en la causa son "escalofriantes", por lo que considera que la medida de secreto por un mes más se estima "necesaria y proporcionada a la gravedad de los delitos, atendida su significación social y a las penas previstas" para las infracciones penales contra la Administración pública.

Es más, recalca que "indiciariamente resulta acreditado que quienes a pie de calle trabajaban para intereses espurios resultaban protegidos" por sus superiores y contaban con el apoyo de varios exaltos cargos, todo ello con el objetivo de extorsionar a empresarios a cambio de gozar, entre otros numerosos beneficios, de prebendas en forma de sexo y consumiciones.

"La medida de secreto se estima en consecuencia necesaria y proporcionada a la gravedad de los delitos, atendida su significación social y a las penas previstas para delitos contra la Administración Pública", recalca el juez, recordando que se trata de hechos por los que se encuentran en prisión provisional sin fianza hasta diez agentes de la Policía.

El magistrado asevera que se ha corroborado la realidad de los hechos denunciados y que "precisan ser investigados reservadamente", entre ellos amenazas y coacciones a los testigos que están colaborando en la causa.

En este sentido, en su última resolución judicial Penalva incidía en que los indicios de "chantaje, coacción y uso torticero del poder" por parte del grupo delictivo "conlleva la convicción de que, de no mediar el secreto de la causa, pocas personas se hubieran atrevido a declarar en libertad".

El juez alude de nuevo no sólo a las presuntas advertencias recibidas por uno de los fiscales anticorrupción y la magistrada que anteriormente se encargaba de las pesquisas "con la finalidad clara de intimidarles", sino también a la actual concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, entre los varios testigos de las investigaciones.

El instructor ya mencionó, entre los casos registrados, "la deplorable actuación de los mandos" de la Policía, al que protagonizó el exintendente jefe del cuerpo Antoni Vera, quien en coordinación con otro inspector, Miquel Quetglas, habría archivado de plano una denuncia contra un agente interino, en la que se alertaba de los "negocios" de éste en la Playa de Palma.

UN AGENTE FUE "PERSEGUIDO POR UNA BANDA DE RUMANOS"

Del mismo modo, añadía en su anterior auto, un agente "fue perseguido y amenazado por una 'banda de rumanos' hasta el punto de que le hicieron temer por su vida", persecuciones "padecidas" asimismo "por un buen número de policías honestos". De hecho, otro exjefe policial, Joan Mut, con la "aquiescencia" del entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, habrían acordado "inexplicablemente" imponer una medida cautelar disciplinaria contra uno de los denunciantes de los hechos.

Otros dos efectivos, quienes denunciaron al policía Daniel Montesinos y al jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, por supuestamente preavisar de las inspecciones que iban a realizar en un determinado local, "fueron también objeto de graves amenazas".

Asimismo, dos de los testigos fueron "insultados e increpados" como consecuencia de su negativa a renunciar al servicio de seguridad que prestaban al alcalde, mientras que los coches de los escoltas aparecieron también un día con dianas pintadas de rojo en el parabrisas.

DELITOS PROPIOS DE "PELIGROSAS ORGANIZACIONES CRIMINALES"

Finalmente, entre otros hechos, el juez subraya que en la causa "ya son dos los agentes de Policía que, mostrando un desprecio absoluto por las resoluciones judiciales y con fines claramente intimidatorios, han quebrantado la orden de alejamiento dictada en su día por este Juzgado". Por otra parte, añade, distintos empresarios "han sido objeto de un constante acoso".

El magistrado mantiene cómo en esta causa se investiga una trama de corrupción policial en la que han aflorado "muy serios indicios no sólo de la comisión de multitud de delitos, sino también del uso frecuente de la coacción, la amenaza y la intimidación por parte de numerosos agentes de la Policía Local, algunos ya imputados o condenados por la comisión de graves delitos cometidos incluso en el seno de peligrosas organizaciones criminales".