Actualizado el 15/01/2016 15:42 Compartir
Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Marc Pons, que ha señalado que según las sentencias condenatorias que ya son firmes, la Comunidad debería haber recibido 6,9 millones de euros por varios casos.
Además, tal y como ha sido informado este viernes el Consell por parte de la Conselleria de Presidencia, sólo en 2015 se han conseguido 389.810 euros a raíz de sentencias firmes dictadas por casos de corrupción en las que la Abogacía se ha personado como acusación en representación de la Comunidad Autónoma.
En concreto, se ha personado en más de una decena de casos de corrupción, algo que persigue reparar el daño económico causado en el erario autonómico.
No obstante, todavía queda una importante cantidad por recibir: la Comunidad tendría que haber percibido 6.967.372 euros por estos mismos casos, de los que sólo ha recuperado 1,2 millones.
La cantidad más importante resarcida por la Comunidad Autónoma es la que proviene de la sentencia del caso Scala, una trama de corrupción que se ejecutó a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (Cedeib) durante la legislatura 2007-2011. Por este caso, la Comunidad Autónoma ha recuperado 793.704 euros, aunque le corresponden 6.294.917 euros, según la sentencia dictada por la Audiencia de Palma y confirmada por el Tribunal Supremo.
Al margen de este caso, la Comunidad Autónoma también ha resarcido 95.536 euros por la sentencia de una de las piezas del caso Ibatur; 92.023 euros por el caso Turisme Jove; 83.952 euros por cuatro de las piezas juzgadas del caso Voltor; y 4.766 euros por la primera pieza que se juzgó del caso Palma Arena.
Últimamente, la Comunidad Autónoma ha resarcido 37.710 euros del caso Bitàcora, que pertenece a Ibatur, y 176.125 euros de la segunda pieza del caso Voltor, por el desvío de dinero público del Inestur a la Fundación Coint. La totalidad de dinero defraudado en relación al Inestur ha sido recuperada.
En cuanto a la cantidad restituida a las arcas autonómicas en 2015, 389.810 euros, provienen de casos como Turisme Jove, diferentes piezas del caso Voltor y por el caso Bitàcora.
En el Consell de Govern también se ha informado de las previsiones más inminentes que tiene la Abogacía de la Comunidad Autónoma en este ámbito.
En este sentido, se ha recordado que la Abogacía está personada en el caso Nóos y que la Comunidad tiene previsto solicitar en la fase de conclusiones definitiva 2.633.180 euros por responsabilidad civil directa y 244.541 euros más por responsabilidad civil a título lucrativo. En total, la petición principal por el caso Nóos será de 2.877.721 euros. Además, la Abogacía también está personada en el caso Son Espases.
Con el objetivo de intensificar todavía más estas actuaciones, la Abogacía ha creado un área específica de lucha contra el fraude, integrada por letrados que se dedican de forma preferente a casos de malversación de caudales públicos y que trabajan en equipo.
Paralelamente, el portavoz del Govern ha recordado que están en marcha los trámites para la creación de una oficina anticorrupción en Baleares.
En este sentido, recibidas ya algunas alegaciones, el Govern prevé aprobar "en cuestión de semanas" el proyecto de ley para crear esta oficina para que sea remitido en el Parlament.
"Seguimos trabajando con el mismo calendario", ha indicado Pons, que espera que a finales de abril esté aprobada ya la ley y pueda empezar a funcionar la oficina, ya que los presupuestos de 2016 fijan una cantidad específica para su creación.
Esta oficina estará ubicada en el Parlament, del que dependerá directamente, según ha explicado el portavoz.
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