Baleares, una de las regiones donde se investiga el amaño de contratos para la extinción de incendios

La operación que afecta al exconseller de Gobernación y Justicia y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, relacionada con supuestos amaños en contratos de extinción de incendios, suma más de 20 detenidos --entre ellos dos ex altos cargos de la Generalitat Valenciana y catalana-- tras las investigaciones desarrolladas en varias comunidades autónomas, entre ellas Baleares.

La causa, que sigue secreta, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

Esta operación, de ámbito nacional, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) y coordinada por Fiscalía Anticorrupción de Valencia, ha sido desarrollada este miércoles por el Grupo 24 de la Udef, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

En total, los agentes han detenido, por orden del juez instructor, a más de una veintena de personas y han practicado 20 registros en diferentes empresas y viviendas.

Entre los arrestados se encuentra un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana y otro de la catalana, quienes a las 16 horas no habían pasado a disposición judicial, han concretado las mismas fuentes.

Además de la Comunitat Valenciana y Cataluña, la operación --que incluye tanto detenciones como registros-- se ha desarrollado de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura. Las mismas fuentes han concretado que hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar supuestamente concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional --Italia y Portugal--.

Esta operación surge de las diligencias que se siguen en este juzgado de Sagunto desde el pasado año por un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

En estas diligencias está investigado --denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)-- entre otros, Castellano, por presuntos favores a la empresa Avialsa, con cuyo presidente coincidió en cacerías, y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios.

DESDE MAYO DE 2015

Fue a finales de mayo de 2015 cuando la Policía detuvo a Castellano, en un momento en el que ocupaba el cargo de delegado del Gobierno. Así mismo, la jornada se saldó con otros nueve arrestados más, entre ellos, el empresario Vicente Huerta, propietario de Avialsa.

Otro de los arrestados fue el entonces alcalde de Quartell Francisco Huguet (PP), también empleado de Avialsa, por supuestamente haber entregado dinero al exconseller para ir de caza; y un exconcejal del PP en esta localidad, Emilio Máñez. Otro detenido fue José Miguel Taroncher, quien recibió adjudicaciones de Castellano en las Consellerias de Sanidad y Gobernación. Todos ellos quedaron en libertad provisional.

En ese momento, el juzgado abrió una causa por presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros, que estaba declarada secreta. El ministerio público llevaba investigando desde el mes de octubre de 2014 contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano entre los años 2008 y 2010 para la extinción de incendios forestales por un importe de más de 33 millones de euros.