Actualizado el 23/07/2013 14:58 Compartir
En un comunicado, la Policía Nacional ha destacado que este entramado había sido creado expresamente para defraudar a la Seguridad Social y que el perjuicio causado a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal se aproxima a los 2 millones de euros. La mayoría de los más de 500 beneficiarios que se estima han participado en estas actividades ilícitas residen en Ibiza y Madrid.
Según ha detallado la Policía, el creador de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia.
La investigación se inició a raíz de un informe de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid sobre una empresa con sede en esa provincia y a nombre de un ciudadano marroquí. A partir del estudio de esta documentación, los agentes detectaron la existencia del entramado empresarial.
Durante las investigaciones se ha descubierto la existencia de una red de empresas, todas creadas por la misma persona. Diez compañías mercantiles operaban con quince códigos de cuenta de cotización en distintas provincias españolas, principalmente en Madrid, Islas Baleares y Algeciras.
Esas empresas servían como instrumento para generar multitud de contratos falsos a ciudadanos extranjeros. De las más de 500 personas dadas de alta de forma ilícita, al menos 180 habrían percibido ilícitamente algún tipo de prestación y 135 habrían empleado los contratos falsos para trámites relacionados con regularizaciones y autorizaciones de residencia.
A lo largo de la investigación se ha tomado declaración a cuatro personas que habrían trabajado en la gestión telemática de las altas y bajas de los supuestos trabajadores del entramado empresarial investigado.
Salvo en un caso, el de una persona que ha sido imputada, se ha comprobado que actuaron de buena fe y que, ante la falta de pago y tras conocer las regularidades detectadas y comunicadas por la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, dejaron de prestar servicio a la red de empresas ficticias.
La operación se desarrollado en el ámbito del convenio de colaboración en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude al Sistema de Seguridad Social, en coordinación con los Organismos de seguimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en relación con las denominadas "empresas ficticias".
Estas entidades físicas o jurídicas, que no ejercen una actividad laboral, real y efectiva, son utilizadas de forma instrumental, simulando negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que dan de alta en la Seguridad Social a cambio de dinero.
Así, estos acumulan los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder de forma indebida a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social (prestaciones y/o subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, incapacidad temporal, maternidad y otras) o consiguen, mediante la utilización de estos falsos contratos, acceder indebidamente a autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Central de la Comisaría General de Policía Judicial.
Los agentes han contado con la colaboración de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, de la Brigada Contra la Trata de Seres Humanos y la Brigada de Falsedades Documentales de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Islas Baleares y Andalucía Occidental.
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