Más de 2.700 familias han percibido la renta social garantizada el mes de diciembre

Un total de 2.753 familias de las Balears recibieron la renta social garantizada el mes de diciembre (RESOGA) frente a las 3.387 que la percibían el mes de enero del 2023. Esta tendencia a la baja tuvo su punto de inflexión entre los meses de junio y julio, cuando se produjo una bajada de cerca del 16 %. Esta reducción inusual desencadenó la solicitud de una auditoría, en palabras de la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer «para conocer como se desarrollaba la gestión de esta prestación y que se llegue a todas las personas que verdaderamente lo necesitan».

A la espera de los resultados de la auditoría, que, «dada su complejidad, se puede demorar varios meses», ha dicho Cirer, «se han detectado algunos puntos para mejorar la gestión de esta prestación». Según ha explicado la consellera, el artículo 32 de la Ley estipula que se tienen que revisar de oficio los expedientes de RESOGA de manera anual para validar que se mantienen los requisitos que motivaron la concesión de esta prestación. Revisiones que, según ha aclarado la consellera, «no entendemos por qué motivo no se estaban llevando a cabo». Además, ha especificado que «es responsabilidad de la Administración hacer una gestión escrupulosa de los recursos públicos, especialmente aquellos que van destinados a paliar las necesidades vitales básicas de las personas».

En este mismo sentido, ha querido referirse al desarrollo de un aplicativo que permite el cruce de datos con la Tesorería General de la Seguridad Social y que ya se empezó a aplicar a finales del mes de junio. «Este cruce de información entre administraciones nos permite detectar qué personas están de alta a la Seguridad Social, es decir, con un contrato laboral que las inhabilita como perceptores de esta prestación», ha dicho la consejera. Así, Cirer ha anunciado que se ha detectado que un 20 % de personas estaban recibiendo la prestación de una manera irregular, un hecho que genera una «grave distorsión para la Administración, desvirtúa el sentido de la prestación y causa un perjuicio a otros posibles beneficiarios».

Para corregir esta situación, la consellera de Familias y Asuntos Sociales ha anunciado varias medidas, entre las que figuran:

• Reestructurar el departamento de prestaciones para que haya un equipo que se dedique a desarrollar las revisiones de los expedientes pertinentes para evitar pagos indebidos.

• Ejecutar sistemáticamente el cruce de los datos de los perceptores con la Tesorería General de la Seguridad Social.

• Reactivar la Comisión Técnica de la renta social garantizada contemplada por la Ley (art. 37).

• Continuar trabajando con los servicios de auditoría y seguir sus instrucciones ante las situaciones que se puedan producir eventualmente, derivadas de la revisión de los expedientes.

Renta social garantizada

Se tiene que recordar que la RESOGA es una prestación destinada a paliar las situaciones de vulnerabilidad social derivada de la carencia de recursos económicos de las personas, familias u otros núcleos de convivencia. La RESOGA se inició en el año 2016 y en la actualidad está regulada por la Ley 4/2023, de 27 de febrero, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. Esta norma contempla que se puedan beneficiar de esta ayuda, que no tiene una limitación temporal, todas las personas que cuenten con los siguientes requisitos:

a) Personas de al menos 23 años y menores de 65, solas o integrantes de una unidad de convivencia.

b) Personas de más de 65 años que no cumplan los requisitos para ser beneficiarias de ninguna pensión contributiva o no contributiva, solas o como miembros de una unidad de convivencia.

c) Personas de entre 18 años y 22 años que tengan menores o personas con discapacidad a su cargo, las mujeres víctimas de violencia machista o víctimas de trata.

d) Personas de entre 18 años y 22 años que hayan sido sometidas a medidas administrativas de tutela o guarda del sistema de protección de menores de administraciones públicas de las Illes Balears y que sean perceptoras del ingreso mínimo vital.