El Govern aumenta las ayudas a las familias en situación que no pueden hacerse cargo de las facturas de luz y gas

La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, así como la Vicepresidencia y Consellería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, han destinado 400.000 euros a Càritas Mallorca, Càritas Menorca, Cruz Roja y la Associació Pa i Mel para atender la pobreza energética de las familias en situación de vulnerabilidad económica de las Illes Balears. Son 130.000 euros más —un 48 %— que lo que se destinó durante los años 2019-2020, que permitió atender un total de 821 familias y dar un total de 2.063 ayudas económicas.

Estas entidades se encargarán —una vez se acabe de resolver la convocatoria del Govern de subvenciones para paliar la pobreza energética para el periodo 2021-2022— de gestionar las ayudas económicas para cubrir los gastos básicos vinculados al suministro y al consumo de energía de las familias de las Illes Balears en situación de vulnerabilidad económica.

Se consideran gastos subvencionables los relativos a la cobertura de gastos básicos vinculados al suministro y al consumo de energía (gas y electricidad), los de personal de atención directa y los derivados de la gestión y la tramitación de las ayudas económicas.

En la convocatoria 2019-2020, las entidades Càritas Diocesana de Mallorca, Càritas Diocesana de Menorca y Cruz Roja Española se encargaron de gestionar un presupuesto de 270.000 euros, que permitió atender a 821 familias y dar 2.063 ayudas económicas.

Esta es la tercera convocatoria de subvenciones de Govern de las Illes Balears para luchar contra la pobreza energética y se financiará a partes iguales por las dos consejerías competentes, la de Asuntos Sociales y Deportes y la de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, explica que además de estas partidas concretas para facturas de luz y gas, el Gobierno contribuye a cubrir las necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad económica a través de otros mecanismos como el Plan de servicios comunitarios, que anualmente destina a los ayuntamientos hasta dos millones de euros para urgencias como, por ejemplo, no poder pagar el recibo de la luz. Estas ayudas son complementarias con la Renta Social Garantizada, que reciben 3.712 familias de las Islas con un importe medio de unos 700 euros mensuales, y que desde su puesta en marcha en 2016 ya han sido más de 100 millones de euros los destinados.

Tal y cómo explica Fina Santiago, este aumento de la cuantía económica destinada a pobreza energética responde al aumento de la demanda expresada por las entidades sociales que trabajan en primera fila con las familias.

El vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, comenta que «este Govern trabaja para la democratización de la energía, que no es más que otra herramienta para combatir la pobreza energética. Si conseguimos el reto de soberanía energética, podremos no sólo seguir erradicando la pobreza energética, sino también abaratar la factura de la luz».