Los agentes COVID trabajarán conjuntamente con la policía local

El Govern de les Illes Balears ha abierto el plazo para que los ayuntamientos soliciten los agentes COVID con los cuales quieren contar. Lo podrán hacer desde hoy, día 2, y hasta el próximo 10 de septiembre.

De este modo, la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad, conjuntamente con la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares, continúa con el proceso de implantación de esta figura que pretende reforzar, complementar y fortalecer los ayuntamientos de las Islas a la hora de velar por el cumplimiento de las medidas COVID, sin suplir la figura de la policía local.

De hecho, serán plazas ocupadas por funcionarios interinos pertenecientes al subgrupo de clasificación C1. Trabajarán conjuntamente con la policía local con funciones predeterminadas en la normativa estatal:

- Velar por el cumplimiento de las ordenanzas, bandos municipales y normativa COVID.

- Custodia de instalaciones y dependencias municipales.

- Control de la movilidad.

- Prestación de primeros auxilios en casos de accidente de tráfico.

El ámbito de actuación de estos auxiliares COVID será municipal dentro del ayuntamiento al cual pertenecen, sometidos a las mismas normas de organización y funcionamiento que el resto de funcionarios del ayuntamiento.

Los ayuntamientos podrán optar a una bolsa inicial de unos 132 aspirantes, centralizada por la Escuela Balear de Administración Pública mediante un procedimiento de concurso, con los listados de aspirantes que se han presentado a las diferentes oposiciones de policía o bombero celebradas en los últimos cinco años. Además, cada ayuntamiento cuenta con una guía explicativa con las funciones de los agentes COVID y de cómo proceder a su implantación.

Desde la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad ya se anunció que el Govern financiaría el coste del personal contratado como agente COVID con una convocatoria extraordinaria del Fondo de Seguridad Pública de 1.300.000 euros, la cual también está sirviendo para pagar los gastos derivados de la contratación de servicios de seguridad privada para llevar a cabo tareas de control de accesos y de vigilancia en relación con el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria.