Actualizado el 28/07/2021 08:20 Compartir
El Parlamento de las Islas Baleares ha validado el decreto ley 6/2021, de modificación de la ley 4/2013 de policías locales de las Islas Baleares, el cual ha sido defendido en el pleno por la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido.
La consejera ha defendido la normativa motivada “por la necesidad y urgencia de establecer un marco normativo para apoyar y reforzar las policías locales, para que se puedan atender con mayores garantías las tareas encomendadas en cuanto al control del cumplimiento de las normas por parte de la población”.
Garrido ha lamentado que “durante las últimas semanas hemos visto como en nuestro territorio se han producido situaciones no deseadas, que no representen el ejemplo de comportamiento que ha tenido la mayoría social de nuestras islas, pero que ponen en riesgo la salud pública y la economía de nuestra comunidad autónoma”. Ante esto, “había que dar respuesta a esta situación y había que hacerlo de manera rápida y contundente, con el fin de conseguir, entre todos, frenar la expansión del virus y poder volver a buenas cifras sanitarias”.
Por eso, el Gobierno aprobó el decreto ley que se valida hoy con el objetivo básico de establecer las medidas pertinentes que permitan estabilizar las plantillas de las policías locales de los ayuntamientos de las Islas Baleares y llevar a cabo los procesos selectivos del personal de nuevo ingreso mediante el proceso unificado o mediante el proceso descentralizado coordinando la realización de los procesos, para poder llevar a cabo de forma conjunta el curso de capacitación, que tiene que impartir la Escuela Balear de Administraciones Públicas, con la colaboración de los ayuntamientos.
Así mismo, se establecen medidas extraordinarias para la selección de personal funcionario interino para prestar servicios en los ayuntamientos de las islas en el área de seguridad a la ciudadanía, que permitan atender necesidades urgentes ocasionadas por la crisis provocada por la COVID-19. Se trata de la creación de los Agentes COVID, “una medida extraordinaria que facilitará la selección de personal para atender servicios estratégicos y garantizar los servicios públicos”.
Garrido ha explicado que “se configuran como agentes de autoridad, pero no son policías ni tienen vocación de serlo ni de suplir sus tareas”, por lo cual “tienen el objetivo de apoyar de manera temporal, hasta el 31 de diciembre del 2020, a los ayuntamientos, sobre todo en el control del cumplimiento de las ordenanzas municipales y de la normativa COVID”.
De hecho, desde el inicio de la pandemia esta figura ha sido desarrollada por un gran número de comunidades autónomas, como son Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Murcia, Andalucía, Aragón y Castilla la Mancha, con nomenclaturas distintas pero con dos características comunes: apoyar a las otras administraciones públicas con una figura de autoridad apta para controlar el cumplimiento de la normativa COVID durante la pandemia.
Tal como ha explicado Garrido, “su creación responde a una demanda de los ayuntamientos de las Islas Baleares y de la FELIB, tienen una clara condición de temporalidad, no son policías y no son la mejor solución, pero sí la que podíamos poner en marcha de manera más inmediata”.
Se trata, en definitiva, de un decreto ley con varias medidas para fortalecer los cuerpos de policía local, dotarlos de una ayuda complementaria en su tarea y que entre todas las administraciones se pueda ser más efectivo en la hora de detectar y frenar los excesos que se puedan producir poniendo en riesgo la salud pública.
Finalmente, Garrido ha puesto el énfasis en “el papel relevante que tienen las policías locales, a quienes desde aquí envío mi reconocimiento y profesionalidad para garantizar la seguridad de las personas”.
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