Se podrán tomar medidas urgentes que agilicen la contratación pública ante la emergencia

La Diputación Permanente del Parlament de les Illes Balears ha validado hoy por unanimidad el Decreto Ley 4/2020, de 20 de marzo, por el cual se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.

Esta normativa agiliza la contratación pública para dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, garantiza el empleo y los salarios del personal de las empresas que prestan servicios a la Administración de la CAIB y sus entes, simplifica los trámites para acceder a prestaciones sociales, garantiza el mantenimiento de los conciertos sociales y educativos y flexibiliza los plazos de las subvenciones, entre otros medidas.

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, ha defendido este decreto ley de medidas urgentes, aprobado por el Consell de Govern el pasado 20 de marzo y ya en vigor, y ha destacado que la actual situación extraordinaria “obliga a todo el mundo a adaptarse de la manera más inmediata y efectiva posible y esto es lo que hacemos con este decreto ley y otras normativas” que ha puesto en marcha el Govern.

“Era fundamental adaptar la Administración a las necesidades que exige la respuesta a la crisis y este es el objetivo principal de este decreto”, ha dicho la consellera. En la conclusión de su intervención, Rosario Sánchez ha destacado que “toda la administración tiene que ser y es al servicio de la atención a esta emergencia y a paliar sus consecuencias sociales y económicas”, y ha apelado a la “responsabilidad” y a la “unidad” ante esta crisis global.

Antes, ha repasado las principales medidas establecidas a este decreto ley. En primer lugar, ha destacado, el decreto permite “agilizar y facilitar las medidas necesarias para contratar de manera más rápida, por ejemplo las compras de material sanitario que el Govern está llevando a cabo todos estos días”.

Asimismo, el decreto permite “garantizar la ocupación a las empresas contratistas de la CAIB, puesto que es vital mantener los puestos de trabajo, en todos los ámbitos, junto con las medidas laborales y económicas adoptadas en este sentido”. La consellera Sánchez también ha destacado que la norma sirve “para reforzar los servicios públicos y garantizar el mantenimiento de los conciertos sociales y educativos, entre otros medidas urgentes”.

“Es decir, actuamos para que nadie se quede atrás, y para hacer todo aquello necesario a nivel interno para que la Administración dé respuesta urgente a la crisis”, ha añadido la titular de Hacienda y Relaciones Exteriores, quien también ha incidido en la importancia de actuar “con determinación para aportar soluciones y responder a las exigencias que a todos nos ha impuesto esta situación excepcional”.

En relación a las medidas adoptadas por el Govern para garantizar los salarios y los contratos del personal de las emprendidas contratistas que prestan servicios y suministros a la Administración de la CAIB y sus entes, Sánchez ha informado que ello "permite proteger más de 750 empresas y más de 4.100 trabajadores y trabajadoras para garantizar sus puestos de trabajo”, a la vez que se han tomado otras medidas, como la línea extraordinaria de ayudas a través de ISBA, para inyectar liquidez a autónomos y pequeñas y medianas empresas de las Balears.

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores también ha destacado y agradecido el trabajo conjunto de varias conselleries en la elaboración de este decreto ley, con la participación de las conselleries de Asuntos Sociales y Deportes, de Medio Ambiente y Territorio, y de Educación, Universidad e Investigación.

En este sentido, ha destacado que el decreto garantiza el mantenimiento de los conciertos sociales y educativos y que, en el ámbito de los servicios sociales, se simplifican los trámites para acceder a prestaciones sociales, como la Renta Social Garantizada, la Renta Mínima de Inserción o las ayudas de emergencia municipales, para las cuales bastará con el informe social de los facultativos pertinentes.

Además, también se amplía el alcance de la renta mínima de inserción, de forma que el decreto que regula esta prestación social gestionada por los consells insulares será aplicable a las personas en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la emergencia de la COVID-19 y del estado de alarma.

Asimismo, ha continuado la consellera, “garantizamos el mantenimiento de los conciertos educativos, en toda su extensión, porque se pueda continuar con la actividad lectiva y la atención al alumnado a pesar de estas condiciones extraordinarias”. Igualmente, ha dicho, “garantizamos la actividad de fomento de la administración con una flexibilización de los procedimientos para evitar que la situación actual pueda suponer la pérdida de las ayudas concedidas”.

La consellera Sánchez también ha expuesto que este decreto “agiliza y simplifica las contrataciones y los procedimientos administrativos para atender las necesidades derivadas de la emergencia, como son las compras de material sanitario”, mediante una tramitación de emergencia, y que también se incorporan medidas en materia presupuestaria para “ordenar y agilizar los pagos y la financiación de todas las actuaciones que se tengan que llevar a cabo”.

En materia de subvenciones, el decreto ley posibilita la flexibilización de los plazos y establece que el órgano que concede una subvención puede dar las instrucciones necesarias para evitar que la situación creada por la COVID-19 provoque perjuicios graves en los intereses y derechos de los beneficiarios, derivados de la imposibilidad de cumplir el plazo para ejecutar el proyecto subvencionado, de forma que estas situaciones no se consideren un incumplimiento, a los efectos de reintegro o pérdida de la subvención.

Por otro lado, también incluye una modificación legal para incorporar la infección por COVID-19 en el anexo I del Decreto 136/1996 de ordenación de la gestión de los residuos sanitarios en las Balears. De este modo, se regula el transporte de los residuos sanitarios y se asegura una gestión correcta.