Actualizado el 09/07/2019 13:45 Compartir
En mayo del año pasado, la gerencia de Son Espases eliminó de forma inesperada el permiso por cirugía mayor ambulatoria. Este permiso según recoge el manual del propio hospital, se concedía siempre que la anestesia fuera general y siempre que el profesional justificara la necesidad de especiales cuidados en el domicilio y acompañamiento del familiar. Hay que aclarar que la cirugía se puede realizar de forma ambulatoria siempre y cuando haya un familiar que se haga cargo del paciente, ya que en caso contrario sería necesario el ingreso hospitalario. “Y aquí es donde viene la gran paradoja”, asegura Celsa García, secretaria de Acción Sindical de SATSE Illes Balears, porque “si ingresan por ejemplo a mi hija me dan el permiso, pero si yo me hago cargo de sus cuidados y me la llevo a casa (con el consecuente ahorro para el hospital) me lo deniegan”.
Según denuncia el Sindicato de Enfermería, uno de los argumentos que esgrime el Ib-Salut es que por un mismo familiar y un mismo proceso patológico, el profesional solo tiene derecho a disfrutar del permiso una vez en su vida. Es decir, que si la madre de una enfermera sufrió un infarto hace tres años y ya disfrutó de un permiso para tal fin, en el supuesto de que a día de hoy sufriera otra patología cardíaca el permiso sería denegado por el hospital. O si operaron a un familiar de primer grado hace 5 años de un tumor maligno y por desgracia es necesario volver a realizar una cirugía, el permiso será denegado.
Y no solo eso, porque al Ib-Salut no les basta con el justificante del ingreso hospitalario o el pronóstico, sino que exigen al profesional la aportación de informes médicos del familiar para acreditar que los procesos patológicos son diferentes. Este requisito no está recogido en la normativa reguladora a tal efecto, sino que responde básicamente a una interpretación absolutamente retorcida y restrictiva de la norma que puede atentar contra la privacidad y vulnerar la ley de protección de datos del paciente.
SATSE Illes Balears exige al Ib-Salut que termine con esta política de denegación injustificada de permisos que supone, además del incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público, una discriminación hacia el personal sanitario, ya que el resto del personal funcionario de la comunidad autónoma sí disfruta de este tipo de permisos sin ningún problema.
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